La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios abrió una investigación preliminar que involucra al presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Sergio Ludueña, a raíz del presunto uso indebido de los palcos oficiales del Estadio Nacional durante el concierto del artista puertorriqueño Bad Bunny, realizado el pasado 16 de enero en Lima. El caso fue revelado inicialmente por una investigación periodística y ha generado cuestionamientos sobre el control y la administración de bienes públicos destinados al deporte.
Las diligencias fiscales buscan determinar si se produjo un uso irregular de espacios que pertenecen al Estado y que están bajo administración del IPD. Hasta el momento, la institución no ha emitido un pronunciamiento oficial que explique cómo se autorizó el acceso a dichos palcos ni bajo qué criterios se permitió su utilización en el marco de un evento privado de carácter masivo.
Investigación por presunto peculado de uso
Además del titular del IPD, la Fiscalía también incluyó en la investigación a la experiodista deportiva Milena Merino Torrejón, por el presunto delito de peculado de uso. Según la información difundida, Merino asistió al concierto desde uno de los palcos asignados al IPD, acompañada por dos personas que no tendrían vínculo funcional con la entidad.
El Ministerio Público ha solicitado información detallada para establecer si el uso de estos espacios respondió a una actividad institucional o si se trató de un aprovechamiento indebido de bienes públicos. El presunto delito de peculado de uso se configura cuando un funcionario o tercero utiliza recursos del Estado para fines ajenos al interés público.
Requerimientos fiscales al Instituto Peruano del Deporte
Como parte de las diligencias preliminares, la Fiscalía requirió al IPD una serie de documentos y registros vinculados al uso de los palcos del Estadio Nacional durante el evento. Entre la información solicitada se encuentran los registros de videovigilancia, contratos de alquiler del recinto, protocolos de acceso, nómina del personal de seguridad y la identificación del funcionario responsable de autorizar el ingreso a los espacios institucionales.
Asimismo, se pidió la entrega de documentación relacionada con la contratación de Milena Merino, incluyendo órdenes de servicio, términos de referencia, comprobantes de pago y el área administrativa que solicitó sus servicios. El objetivo es verificar si existió un vínculo contractual válido que justifique su presencia en instalaciones reservadas para uso institucional.
Contratación de Milena Merino bajo la lupa
De acuerdo con la investigación periodística, Merino no figura como trabajadora estable del IPD. No obstante, habría recibido una orden de servicio por un monto de 24 mil soles para realizar labores de comunicación institucional durante un periodo de 40 días. Esta contratación se habría concretado apenas cinco días después de la designación de Sergio Ludueña como presidente del IPD.
Un elemento que ha generado mayor atención es que ambos comparten antecedentes laborales en el club Cienciano, lo que ha alimentado cuestionamientos sobre un eventual favorecimiento en la contratación. Además, el expediente que sustenta el servicio contratado estaría compuesto por apenas siete páginas, en su mayoría gráficas, donde se atribuyen incrementos en visibilidad institucional y alcance mediático de eventos deportivos.
Cuestionamientos sobre perfil profesional y experiencia
Según la información revisada, Milena Merino cuenta con grado de bachiller y no registra experiencia previa en el sector público. Este hecho ha sido señalado como un punto crítico en la evaluación del proceso de contratación, especialmente considerando el monto del servicio y la naturaleza estratégica del área de comunicación institucional del IPD.
La Fiscalía deberá determinar si los servicios contratados se ajustaron a los requerimientos técnicos y si existió una adecuada evaluación del perfil profesional antes de aprobar el pago con recursos públicos.
Declaraciones del presidente del IPD
Ante los cuestionamientos, Sergio Ludueña declaró a la prensa que el IPD se encuentra recopilando toda la información solicitada por la Fiscalía y que esta será entregada en los plazos correspondientes. Sus declaraciones se produjeron durante una visita de inspección a la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), realizada junto al presidente de Panam Sports.
“Estamos esperando los documentos correspondientes”, señaló Ludueña, sin brindar mayores detalles sobre el uso de los palcos ni sobre la presencia de personas ajenas a la institución durante el concierto.
Supervisión de Panam Sports y contexto institucional
En paralelo a la investigación fiscal, Panam Sports realizó una inspección a la infraestructura deportiva de Lima como parte de la coordinación para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. El presidente del organismo, Neven Ilic, descartó que las observaciones registradas durante los Juegos Bolivarianos se repitan en la capital y aseguró que los espacios inspeccionados se encuentran en condiciones adecuadas.
Ilic también destacó que Lima 2025 tendrá un enfoque de austeridad y eficiencia, señalando que se han logrado ahorros superiores a los 200 millones de dólares respecto al presupuesto originalmente proyectado.
Otras denuncias que rodean al IPD
El caso de los palcos del Estadio Nacional no es el único cuestionamiento que enfrenta la actual gestión del IPD. Otras investigaciones periodísticas han mencionado a Sergio Ludueña en presuntos favorecimientos en procesos de contratación dentro de la entidad, aunque hasta el momento estas denuncias no han sido respondidas formalmente por la institución.
La Fiscalía evaluará la documentación solicitada para determinar si existen elementos suficientes que configuren responsabilidades penales o administrativas. Por ahora, el proceso se encuentra en etapa preliminar y no implica una imputación definitiva contra los investigados.