La defensa cerrada
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, salió al frente para cerrar filas en torno al presidente José Jerí. Desde la PCM, el mensaje fue categórico: no existen argumentos legales para una censura ni causales para una vacancia presidencial. Según el premier, el mandatario no ha cometido delito alguno y, por tanto, cualquier intento de removerlo carecería de sustento constitucional.
“Definitivamente la censura no procede”, afirmó Álvarez, al recordar que Jerí juramentó el cargo y se encuentra en pleno ejercicio de funciones. Para el jefe del gabinete, la vacancia solo sería aplicable ante delitos especialmente graves que no puedan esperar al final del mandato, un escenario que —sostiene— no se configura en este caso.
Fiscalización o presión política
El premier reconoció que los pedidos de vacancia o censura forman parte del derecho de fiscalización política de los congresistas. Sin embargo, minimizó su alcance al calificarlos como expresiones basadas en “especulaciones y sospechas”, actualmente en evaluación tanto en el Congreso como en la Fiscalía de la Nación.
Álvarez insistió en que, hasta el momento, no se ha identificado una conducta dolosa atribuible al presidente. La línea de defensa es clara: mientras no exista una imputación penal concreta, cualquier intento de remover al jefe de Estado sería políticamente improcedente y jurídicamente inviable.
Presidente constitucional, no encargado
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue la insistencia en que José Jerí no es un presidente encargado ni provisional en sentido precario, sino un presidente constitucional. El premier dijo respaldar la posición de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, que considera inaplicable la figura de censura para quien ya ha juramentado el cargo ante el Congreso.
La aclaración no es menor. En un contexto de cuestionamientos políticos, el Ejecutivo busca cerrar cualquier interpretación que debilite la legitimidad formal del mandatario.
El argumento de la estabilidad
Álvarez advirtió que promover un cambio en la conducción del Ejecutivo, con elecciones ya convocadas, tendría efectos negativos inmediatos. Según dijo, un relevo presidencial obligaría a reiniciar coordinaciones con gremios empresariales, gobiernos regionales y autoridades locales, afectando la continuidad de la gestión pública.
“Un cambio abrupto genera inestabilidad”, sostuvo, calificando como una “burla para el país” la posibilidad de reiniciar procesos administrativos y políticos en un plazo corto.
Un gabinete que se declara firme
El jefe de la PCM reiteró que el Gabinete Ministerial se mantiene sólido y alineado con el presidente. Aseguró que los ministros no responden a compromisos partidarios ni electorales, sino a un mandato con el país. El mensaje apunta a disipar cualquier señal de fractura interna en el Ejecutivo.
En paralelo, destacó que Jerí ha manifestado su disposición a colaborar con las investigaciones fiscales. “No tiene nada que esconder”, afirmó, reforzando la narrativa de transparencia desde Palacio.
Seguridad y agenda pendiente
Finalmente, Álvarez defendió las declaratorias de estado de emergencia en Lima y Callao como herramientas legales para fortalecer la lucha contra la criminalidad. Anunció, además, que el Plan de Seguridad Ciudadana se encuentra en su fase final de revisión y que el propio presidente participa activamente en su evaluación.
El cierre deja una idea central: mientras las investigaciones continúan, el Ejecutivo apuesta por resistir el embate político con un discurso de legalidad, estabilidad y cohesión. La pregunta abierta es si ese blindaje será suficiente frente al desgaste que generan las sospechas y el escrutinio público.