El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Wilder Mendoza, de 20 años, quien es investigado por el delito de parricidio con agravante de ensañamiento, en agravio de su madre, una mujer de 49 años que perdió la vida tras un ataque ocurrido en el distrito limeño de San Martín de Porres.
La medida restrictiva fue solicitada y sustentada por la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla (Segundo Despacho), perteneciente al Distrito Fiscal de Lima Norte, que acreditó el cumplimiento de los presupuestos exigidos por la ley para imponer prisión preventiva mientras continúan las diligencias del proceso penal.
Fiscalía acreditó los presupuestos legales
Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso elementos de convicción que vinculan al investigado con el delito imputado, así como la gravedad de la pena esperada, el peligro de fuga y el riesgo de obstaculización de la investigación, factores que fueron determinantes para que el juez declare fundado el requerimiento fiscal.
Según la Fiscalía, el delito atribuido —parricidio— es uno de los más graves contemplados en el Código Penal peruano, al tratarse de un crimen cometido contra un familiar directo, lo que incrementa la sanción y refuerza la necesidad de asegurar la presencia del investigado durante el proceso.
Hechos ocurrieron en vivienda familiar
De acuerdo con la información fiscal, el ataque se produjo en un inmueble del distrito de San Martín de Porres, donde la víctima convivía con su hijo. Tras el hecho, la mujer fue auxiliada y trasladada a un centro de salud, donde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.
Las circunstancias exactas del crimen continúan siendo materia de investigación, y forman parte de las diligencias que el Ministerio Público viene desarrollando para esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
Investigación continuará durante el plazo de detención
Con la imposición de la prisión preventiva, Wilder Mendoza permanecerá recluido durante nueve meses, periodo en el cual la Fiscalía continuará con la recopilación de pruebas, toma de declaraciones, pericias forenses y demás actos de investigación necesarios para sustentar una eventual acusación formal.
El Ministerio Público precisó que la medida no constituye una sentencia condenatoria, sino una acción preventiva destinada a garantizar el correcto desarrollo del proceso penal y la comparecencia del investigado ante la justicia.
Delito de parricidio y sus implicancias penales
El parricidio está tipificado en el Código Penal como el homicidio cometido contra ascendientes, descendientes, cónyuge u otros familiares cercanos, y contempla penas severas, que pueden alcanzar la cadena perpetua cuando concurren agravantes como el ensañamiento.
En este caso, la Fiscalía sostiene que existen indicios de una conducta agravada, lo que refuerza la gravedad del hecho y la necesidad de una respuesta penal proporcional.
Especialistas en derecho penal señalan que este tipo de delitos no solo representan una violación extrema al derecho a la vida, sino que también evidencian contextos de violencia intrafamiliar que requieren una intervención oportuna del sistema de justicia y de las políticas públicas de prevención.
Contexto de violencia familiar en Lima Norte
El caso ha generado preocupación en Lima Norte, una zona que registra altos índices de violencia familiar y conflictos domésticos, según reportes oficiales. Autoridades y especialistas han reiterado la importancia de fortalecer los mecanismos de detección temprana, atención psicológica y canales de denuncia para prevenir desenlaces fatales.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha señalado en diversas oportunidades que muchos casos de violencia grave ocurren en entornos donde no se reportaron alertas previas, lo que dificulta la intervención preventiva del Estado.
Fiscalía reafirma compromiso con sanción de delitos graves
A través de un comunicado, el Ministerio Público reafirmó su compromiso de perseguir y sancionar los delitos que atentan contra la vida, en especial aquellos cometidos en el entorno familiar, subrayando que se continuará actuando con firmeza y dentro del marco legal.
Asimismo, recordó que la ciudadanía puede denunciar hechos de violencia a través de los canales oficiales, con el fin de activar los mecanismos de protección correspondientes y evitar tragedias similares.
El caso de San Martín de Porres se suma a otros procesos en curso en Lima Norte, donde la Fiscalía viene priorizando la investigación de delitos graves y la solicitud de medidas coercitivas cuando se cumplen los requisitos legales.
Proceso seguirá bajo control judicial
Finalmente, las autoridades precisaron que el proceso penal continuará bajo control judicial, respetando las garantías constitucionales del investigado y los derechos de la víctima, conforme a lo establecido en la legislación peruana.
La Fiscalía adelantó que informará oportunamente sobre los avances del caso, en la medida en que se desarrollen las siguientes etapas del proceso.