El Congreso de la República decidió archivar los pedidos de inhabilitación política contra Betssy Chávez y Willy Huerta, exministros del gobierno de Pedro Castillo, tras no alcanzar los votos necesarios en la sesión plenaria de este miércoles. El resultado confirmó la división interna entre bancadas y dejó sin efecto las mociones que buscaban impedir que ambos exfuncionarios ocupen cargos públicos en los próximos años.
La votación marcó otro revés para los sectores que impulsaban sanciones vinculadas al intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, episodio que continúa generando repercusiones políticas, legales y diplomáticas casi tres años después. En esta misma jornada, el Pleno también archivó la propuesta para inhabilitar a Pedro Castillo.
Votos insuficientes y bloqueos internos
La moción contra Betssy Chávez, quien fue presidenta del Consejo de Ministros en los últimos días del gobierno de Castillo, alcanzó 54 votos a favor, un número muy inferior a la mayoría calificada necesaria para aprobar la sanción.
En el caso de Willy Huerta, exministro del Interior, la distancia fue aún mayor, y según fuentes parlamentarias cerca de 24 votos faltaron para concretar la inhabilitación. Con estos resultados, ambos expedientes quedaron automáticamente archivados, tal como establece el reglamento del Parlamento.
La sesión puso nuevamente en evidencia la fragmentación del Congreso. Las bancadas de izquierda, que incluyen a Perú Libre, Cambio Democrático, Bloque Magisterial y otros grupos, votaron en conjunto para frenar la sanción, argumentando que los procesos carecían de sustento y vulneraban garantías constitucionales. Del otro lado, las bancadas de derecha insistieron en responsabilizar a ambos exministros por las decisiones que antecedieron al anuncio de Castillo de cerrar el Congreso en 2022.
Contexto jurídico del 7 de diciembre
El pedido de inhabilitación contra Chávez se sustentó en su presunta participación en los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso y la reestructuración del sistema judicial. Según la denuncia constitucional, la ex primera ministra habría vulnerado los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución al avalar o no impedir decisiones que alteraban el orden democrático.
Sin embargo, los votos obtenidos (54 a favor, 22 en contra y 4 abstenciones) resultaron insuficientes, por lo que la moción fue archivada sin posibilidad inmediata de reactivación.
En paralelo, el caso contra Willy Huerta apuntaba a presuntas interferencias en el mando policial durante la crisis de diciembre. No obstante, la falta de consenso parlamentario enterró también esta iniciativa.
Procesos judiciales avanzan por otra vía
Aunque los intentos de inhabilitación política quedaron sin efecto, la situación judicial de Pedro Castillo, Betssy Chávez y Willy Huerta continúa en manos del Poder Judicial.
Los tres fueron condenados en primera instancia a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para rebelión. Castillo cumple la sentencia en el penal Barbadillo, donde ya afronta otra inhabilitación previa de dos años impuesta por una causa distinta.
En el caso de Huerta, la sentencia aún debe ser ratificada en segunda instancia, lo que le permite permanecer en libertad mientras se revisa su apelación. Para Betssy Chávez, la dimensión internacional del caso añade complejidad: permanece asilada en la Embajada de México desde noviembre, en espera de un salvoconducto que le permita salir del país hacia territorio mexicano.
Un Congreso en cierre de legislatura
Fuentes parlamentarias indicaron que, tras el archivo de las mociones, no se presentaron pedidos de reconsideración ni nuevas iniciativas contra Chávez o Huerta. Con la legislatura próxima a cerrarse este viernes, el Pleno enfocará sus últimas sesiones en dictámenes pendientes y proyectos con consenso multipartidario.
El archivamiento simultáneo de los casos de Castillo, Chávez y Huerta en una misma jornada marca un cierre político relevante para las denuncias relacionadas al 7 de diciembre. Sin embargo, deja abiertas interrogantes respecto al tratamiento diferenciado de responsabilidades, así como al peso que seguirá teniendo la figura del expresidente en el debate parlamentario.
Por ahora, las decisiones del Pleno evidencian que la correlación de fuerzas ha cambiado, con una izquierda capaz de bloquear sanciones de alto impacto pese a no tener mayoría. Desde diversos sectores, la atención se centra en cómo este precedente afectará futuros procesos constitucionales y en qué medida la agenda parlamentaria se reordenará tras el fin de la legislatura.