La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado aprobó el dictamen que establece nuevas reglas para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC). La propuesta obtuvo nueve votos a favor y tres en contra, sin abstenciones, e incorpora criterios de mérito, transparencia e integridad para evaluar a los candidatos.
El texto sustitutorio de la Proposición Legislativa 00011-2026-2031-S establece que la evaluación curricular tendrá un máximo de 70 puntos y la entrevista personal, 30. Además, fija un mínimo de 50 puntos en la revisión de méritos para continuar en el proceso e incorpora la obligación de presentar una declaración jurada de no afiliación vigente a organizaciones políticas.
¿Cómo será la evaluación para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional?
Uno de los principales cambios del reglamento es la distribución del puntaje entre la evaluación curricular y la entrevista personal. La propuesta asigna hasta 70 puntos a los méritos académicos y profesionales de los postulantes, mientras que la entrevista tendrá un máximo de 30 puntos. La fórmula reemplaza el esquema inicial, que otorgaba 60 puntos a la evaluación curricular y 40 a la entrevista.
El cambio fue planteado por el senador Roger Astucuri Laura, del Partido Cívico Obras. También se estableció que los candidatos que no alcancen 50 puntos en la evaluación curricular quedarán descalificados, por lo que no podrán avanzar a las siguientes etapas del procedimiento.
El reglamento dispone, además, que los grados académicos estén inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Las candidaturas podrán presentarse de forma presencial o virtual, según las disposiciones del procedimiento.
¿Qué requisitos deberán cumplir los candidatos al TC?
El reglamento incorpora controles para verificar la información presentada por quienes postulen al TC. La entrega de datos falsos podrá ocasionar la exclusión del candidato en cualquier etapa del procedimiento. Asimismo, será obligatorio presentar una declaración jurada que acredite la no afiliación vigente a organizaciones políticas.
Durante el debate, el senador Humberto Morales Ramírez y la legisladora Susana Matute Charún impulsaron la inclusión de este requisito. Por su parte, Ruth Luque Ibarra, de Ahora Nación, propuso reforzar los principios de integridad y transparencia, además de mejorar los mecanismos de verificación de grados académicos y publicaciones.
Morales también planteó mayores controles patrimoniales, mientras que Luque propuso declaraciones de intereses más completas y criterios públicos para calificar las entrevistas. Estas propuestas formaron parte de los aportes discutidos por los integrantes de la comisión antes de la aprobación del texto sustitutorio.
Senado: ¿qué cambios se plantearon durante el debate?
Las intervenciones de los legisladores se centraron en la importancia de los méritos profesionales y académicos, así como en la necesidad de reducir la discrecionalidad durante las entrevistas.
Hugo Ccahuana Aymachoque, de Juntos por el Perú, propuso una distribución de 85 % para la evaluación curricular y 15 % para la entrevista personal. Sin embargo, la fórmula aprobada finalmente fue de 70 y 30 puntos, respectivamente.
Desde Fuerza Popular, Martha Chávez Cossío y Patricia Juárez Gallegos defendieron la entrevista como una herramienta para evaluar la capacidad y el criterio de los aspirantes. Chávez propuso eliminar un artículo del texto inicial, mientras que Juárez planteó ajustes de redacción para precisar los puntajes mínimos y evitar contradicciones entre las disposiciones.
Otros legisladores, como Víctor Cutipa Ccama e Iber Maraví Olarte, respaldaron una mayor valoración de los méritos profesionales. Cutipa también cuestionó que se otorgue puntaje al grado de bachiller en Derecho. Antes de la votación, la comisión corrigió una referencia que asignaba 40 puntos a la entrevista para adecuarla al máximo definitivo de 30.