La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó este martes, por mayoría (10 votos a favor y una abstención), el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años del ejercicio de la función pública a la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza. El documento avala la denuncia constitucional presentada en su contra por presunta infracción al haber impulsado una acusación contra 11 congresistas que votaron a favor de una ley que les permitía percibir simultáneamente sueldo y pensión.
El grupo de trabajo consideró que la actuación de Espinoza habría excedido sus atribuciones constitucionales, al cuestionar una decisión del Parlamento que —según la interpretación de la subcomisión— formaba parte de su ámbito legislativo. El informe será remitido ahora a la Comisión Permanente, que definirá si cuenta con los votos necesarios para ser elevado al Pleno. De prosperar, el caso será debatido y votado por los 130 congresistas.
La única abstención provino del legislador Jorge Montoya, quien decidió no participar por “razones de decoro”, ya que figuraba entre los parlamentarios incluidos en la acusación que Espinoza presentó cuando ejercía como fiscal de la Nación.
De forma paralela, el Pleno del Congreso tiene programado para este miércoles el debate de otra denuncia constitucional contra la exfiscal, que también propone una inhabilitación por 10 años. Si ambos informes avanzan, Espinoza enfrentará dos procesos consecutivos que podrían impedirle ejercer cualquier función pública durante una década.
Con la aprobación del informe en la Subcomisión y la proximidad del debate en el Pleno, el futuro legal y profesional de Delia Espinoza queda ahora en manos de las siguientes instancias del Congreso.