Controversia por el uso de recursos públicos: ¿qué dijo Martha Moyano?
La congresista Martha Moyano se pronunció sobre el caso que involucra a un trabajador del Parlamento que utilizó una cámara institucional del Congreso durante una actividad política partidaria, un hecho que generó cuestionamientos sobre el manejo de bienes públicos y eventuales responsabilidades en la cadena de mando.
En declaraciones recogidas por Canal N, Moyano pidió no adelantar conclusiones y sostuvo que el tema debe resolverse estrictamente en el marco del proceso administrativo que ya se encuentra en curso. “Lo que resulten responsables tiene que aplicarse la sanción. Eso es lo que tiene que ser”, afirmó. Para la legisladora, el debate político no debe interferir con el procedimiento disciplinario formal que deberá determinar si hubo infracción de normas internas.
La parlamentaria agregó que la renuncia del camarógrafo involucrado no lo excluye de responsabilidad. En ese sentido, señaló que la salida del trabajador no detiene su obligación de rendir declaraciones y someterse a la investigación.
¿La renuncia cierra el caso? Moyano dice que no
Consultada sobre la dimisión del extrabajador, Moyano fue clara: “La renuncia no detiene la investigación”. Explicó que, aunque la persona involucrada dejó voluntariamente su cargo, sigue estando obligada a participar del procedimiento disciplinario.
Además, cuando se le preguntó si la renuncia fue voluntaria o producto de una presión interna, respondió: “Eso no lo sé, no me pregunten a mí”, manteniendo distancia respecto a las decisiones administrativas del área correspondiente.
La congresista insistió en que el proceso debe continuar para “esclarecer los hechos” y determinar si el extrabajador actuó bajo órdenes o de forma autónoma.
Uso político de bienes públicos: ¿qué normas se habrían infringido?
Moyano recordó que los trabajadores del Congreso que participan en actividades políticas están obligados a solicitar previamente una licencia, conforme establecen los reglamentos internos. En ese marco, dijo que, de confirmarse que el camarógrafo utilizó una cámara institucional en un evento político sin permisos, habría incurrido en infracción administrativa.
Además, advirtió que cualquier colaborador que incumpla este procedimiento debe ser sometido a una sanción administrativa, pues el uso de recursos del Estado para fines partidarios constituye una falta grave.
La congresista no quiso adelantar qué tipo de sanciones podrían aplicarse —que van desde suspensión hasta destitución, según la normativa vigente—, pero recalcó que, si el informe final confirma irregularidades, debe actuarse “sin contemplaciones”.
¿Funcionarios de Fuerza Popular podrían estar involucrados?
Uno de los puntos más delicados del caso es la posibilidad de que existan vínculos entre la cadena de decisiones y funcionarios cercanos a Fuerza Popular, lo que podría convertir el incidente en un problema político mayor.
Cuando se le consultó directamente sobre este tema, Moyano respondió con cautela:
“Como usted bien lo ha dicho, que se verían involucrados. Esperemos a que se determine la investigación.”
La legisladora insistió en que no hay ninguna responsabilidad establecida hasta el momento y que las versiones filtradas no deben tomarse como conclusiones adelantadas. “Hay que respetar el proceso para evitar prejuzgamientos”, remarcó.
Pese a ello, no descartó que se apliquen medidas si el proceso confirma que algún funcionario, asesor o trabajador vinculado a su partido incurrió en una irregularidad. “Si se comprueba alguna infracción, corresponderá sancionar”, apuntó.
Transparencia y procedimiento: ¿qué se espera del informe final?
La Oficina de Recursos Humanos del Congreso y el área encargada de la gestión de material audiovisual llevan adelante la investigación. Este proceso deberá determinar:
- ¿Quién autorizó el préstamo de la cámara?
- ¿Se usó el equipo sin permiso o hubo omisión de control?
- ¿Existieron órdenes superiores o se trató de una decisión personal?
- ¿Hubo participación de otros funcionarios?
- ¿Se vulneraron normas administrativas o se incurrió en falta grave?
Mientras el procedimiento continúa, Moyano ha insistido en que todas las decisiones deben tomarse con base en este informe y no en especulaciones mediáticas.
Para la congresista, la institucionalidad del Parlamento depende de que los procesos internos se desarrollen con imparcialidad y transparencia, especialmente en un contexto donde el uso de recursos públicos para fines políticos es motivo de permanente vigilancia ciudadana.
Un caso que sigue bajo la lupa pública
Aunque el hecho inicialmente involucró solo a un trabajador, la controversia escaló rápidamente debido a la sensibilidad del tema: el uso de bienes estatales en actividades partidarias. Este punto no solo es cuestionado a nivel administrativo, sino también político, pues afecta directamente la imagen y la credibilidad del Congreso.
Por ello, la expectativa recae en el informe final. Dependiendo de sus conclusiones, el caso podría cerrar como una falta individual o escalar hacia responsabilidades superiores en la estructura del Parlamento.