La Fiscalía de Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Madre de Dios logró una sentencia condenatoria contra un ciudadano que amenazó de muerte a tres defensores ambientales del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) en la Reserva Nacional de Tambopata. El fallo judicial constituye un precedente en la lucha contra la violencia e intimidación hacia los guardaparques que enfrentan actividades ilegales en la Amazonía peruana.
Fiscalía sanciona amenazas contra defensores ambientales
El Juzgado de Investigación Preparatoria de Madre de Dios dictó un año, un mes y 24 días de prisión suspendida contra Orlando Lancha, tras hallarlo responsable del delito de coacción en agravio de los guardaparques Juan Bustinza, Asunción Guevara y Franz Huancoillo. La sentencia fue obtenida por la fiscal provincial Karen Torres Godoy, de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo.
Según la acusación fiscal, Lancha envió mensajes de texto con amenazas de muerte a los tres funcionarios en abril de 2024, con el objetivo de impedir que participaran en operativos de interdicción contra la minería ilegal en el área natural protegida.
El acusado aceptó los cargos en su contra en un proceso de terminación anticipada, lo que permitió una condena rápida y la imposición de reglas de conducta, entre ellas la prohibición de frecuentar la Reserva Nacional de Tambopata, presentarse mensualmente ante el juzgado y abstenerse de acercarse a las víctimas.
Un precedente en defensa de los derechos ambientales
El fallo, además de la pena suspendida, impone a Lancha el pago de una reparación civil de S/ 1,500 a favor de los tres guardaparques. Para la fiscal Karen Torres, esta condena reafirma el compromiso del Ministerio Público con la protección de quienes defienden el medio ambiente frente a redes vinculadas a la minería ilegal, tala y tráfico de terrenos en Madre de Dios.
Los guardaparques del Sernanp desarrollaban acciones de control en sectores amenazados por la expansión de la minería aurífera ilegal, actividad que ha devastado miles de hectáreas en la Amazonía y generado graves impactos sociales y ecológicos.
El contenido intimidatorio de los mensajes —verificado durante la etapa de control judicial— demostró que las amenazas tuvieron como efecto limitar las funciones oficiales de los especialistas, afectando la continuidad de los operativos ambientales.
Madre de Dios: una región bajo asedio por la minería ilegal
El caso revela el creciente riesgo que enfrentan los defensores ambientales en Madre de Dios, donde las mafias mineras suelen utilizar amenazas, agresiones físicas e incluso atentados para disuadir las intervenciones del Estado. Según organizaciones locales, en los últimos años se ha registrado un incremento de hostigamientos y ataques contra quienes denuncian la deforestación y el tráfico ilegal de oro.
Madre de Dios concentra más del 40 % de la minería ilegal detectada en la Amazonía peruana, según reportes del Ministerio del Ambiente. En ese contexto, los guardaparques del Sernanp se han convertido en blancos frecuentes de las organizaciones criminales que buscan controlar zonas estratégicas como Tambopata y Amarakaeri.
La condena a Lancha marca un hito porque reconoce judicialmente las amenazas contra defensores ambientales como un delito de coacción, lo que fortalece la protección legal para este grupo vulnerable y visibiliza su labor en la defensa del patrimonio natural del país.
Fiscalía reafirma compromiso con la protección de defensores
El Subsistema Especializado en Derechos Humanos del Ministerio Público destacó que continuará impulsando investigaciones y sanciones efectivas ante cualquier tipo de violencia o intimidación dirigida a personas que protegen los derechos ambientales y los recursos naturales del Perú.
Este caso representa un avance en la lucha contra la impunidad en la Amazonía, donde las actividades ilegales suelen operar bajo amenazas constantes hacia funcionarios públicos y líderes comunitarios.
A través de esta sentencia, el Ministerio Público envía un mensaje claro: las amenazas contra defensores ambientales no quedarán impunes y serán perseguidas con el mismo rigor que cualquier otra forma de crimen organizado.
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