Pedido de fiscalización en el marco del estado de emergencia
El congresista Alfredo Azurín Loayza, integrante de la representación nacional, remitió un oficio al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, solicitando información sobre el cumplimiento de la normativa en la contratación pública para la aplicación de pruebas de poligrafía al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
El pedido se sustenta en el Decreto Supremo N° 124-2025-PCM, que declaró en estado de emergencia Lima Metropolitana y el Callao, y facultó al Ejecutivo a ejecutar medidas especiales en materia de seguridad pública. Sin embargo, Azurín advierte posibles irregularidades en la contratación realizada por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
Empresa vinculada a exoficial policial
En el oficio remitido con fecha 7 de noviembre de 2025, el parlamentario indica haber tomado conocimiento de un presunto favorecimiento a la empresa CCASS – Center for Credibility Assessment S.A.C., cuyo representante legal sería un comandante en retiro de la Policía Nacional del Perú.
Según Azurín, esta situación debe ser aclarada por la PCM y por la propia DINI, dado que los servicios de evaluación de confiabilidad al personal penitenciario requieren estricta transparencia en los procesos de selección. El legislador invoca al Ejecutivo a remitir los informes y contratos correspondientes, para verificar si se cumplieron los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.
Control político y facultades congresales
El pedido de Azurín se formula en el marco de las atribuciones conferidas por el artículo 96 de la Constitución Política del Perú, que faculta a los congresistas a solicitar información a cualquier entidad del Estado. También se ampara en el artículo 22, inciso b) y el artículo 69 del Reglamento del Congreso, que regulan el ejercicio del control político.
El legislador recordó que la transparencia en los procesos de contratación es esencial para garantizar la legalidad de las medidas adoptadas bajo estado de emergencia, especialmente en áreas sensibles como la seguridad penitenciaria y la inteligencia nacional.
Exigen transparencia en el uso de recursos
Diversos especialistas en gestión pública han señalado que los procesos ejecutados bajo regímenes de emergencia suelen presentar vacíos de control que pueden derivar en irregularidades. En ese sentido, el pedido del congresista Azurín apunta a verificar la correcta aplicación del gasto público en los contratos suscritos para las pruebas de confiabilidad.
Hasta el momento, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el pedido del legislador.