El Ejecutivo aprobó una partida extraordinaria de 40 millones de soles para la Policía Nacional del Perú (PNP) con el objetivo de intensificar los operativos contra la extorsión que afecta a miles de conductores de transporte público. La medida fue anunciada por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, en la previa del paro nacional de transportistas convocado para este jueves 2 de octubre, en protesta por las amenazas de organizaciones criminales que exigen el cobro de cupos.
Durante la conferencia de prensa realizada en Palacio de Gobierno, el premier aseguró que se trata de una acción urgente para enfrentar un problema que se ha convertido en una amenaza directa contra la vida de los choferes y la seguridad de los usuarios. “La policía ha dispuesto acciones directas contra los casos de extorsión. Se está incrementando las tareas y, por eso, hoy se ha aprobado una transferencia de 40 millones de soles para atender estas necesidades”, señaló Arana.
¿Cómo se utilizarán los 40 millones destinados a la PNP?
El financiamiento permitirá reforzar el equipamiento logístico de las unidades policiales especializadas, intensificar operativos de inteligencia y desplegar más efectivos en puntos estratégicos de Lima y las principales ciudades del país. Además, se priorizará la protección de los transportistas que a diario son víctimas de amenazas, ataques con armas de fuego y cobro de cupos por parte de mafias organizadas.
Arana precisó que las bandas dedicadas a este ilícito no actúan de manera improvisada, sino con planificación criminal. “Hemos visto cómo utilizan armas, fuegos artificiales y sustancias químicas que ponen en riesgo la vida de los conductores y pasajeros. Esto no es protesta, es crimen organizado”, remarcó.
Videovigilancia en 8 mil buses
Otra de las medidas aprobadas en la sesión del Consejo de Ministros es la instalación de cámaras de videovigilancia en 8 mil unidades de transporte público de Lima Metropolitana, una propuesta presentada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Con esta iniciativa, el Gobierno busca prevenir ataques en ruta, identificar a los responsables y fortalecer la capacidad probatoria en investigaciones fiscales y judiciales. Según el premier, la integración de estas cámaras con los centros de monitoreo de la PNP y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) permitirá una reacción más rápida ante situaciones de riesgo.
Reacciones de transportistas y usuarios
La medida fue recibida con expectativa por los gremios de transporte urbano, quienes demandaban desde hace meses una respuesta concreta frente al crecimiento de las extorsiones. Representantes de asociaciones señalaron que, aunque los anuncios son un avance, la clave estará en la implementación real y efectiva de las medidas.
“Nosotros trabajamos con miedo todos los días. La inversión del Gobierno puede ayudar, pero queremos ver resultados en las calles, no solo en los papeles”, declaró un dirigente transportista tras conocerse el anuncio.
Por su parte, usuarios de transporte público coincidieron en que la instalación de cámaras podría convertirse en un disuasivo frente a los delincuentes, aunque advirtieron que se necesita también mejorar la presencia policial en paraderos y rutas críticas.
¿Será suficiente esta inversión para enfrentar a las mafias?
La gran pregunta que queda en el aire es si esta inyección de recursos será suficiente para revertir la ola de extorsiones que ha paralizado rutas enteras y dejado múltiples víctimas. Expertos en seguridad consultados advierten que las bandas criminales se han expandido con rapidez, diversificando sus métodos de intimidación y extendiendo su control a sectores como taxis, mototaxis y transporte interprovincial.
En ese contexto, señalan que los 40 millones de soles representan un alivio inicial, pero la estrategia de largo plazo debe incluir inteligencia financiera para seguir el rastro del dinero, desarticulación de redes internacionales y coordinación con la Fiscalía para asegurar condenas ejemplares.
Un problema que trasciende el transporte
La extorsión se ha convertido en uno de los delitos de mayor crecimiento en el país, afectando no solo al sector transporte, sino también a comerciantes, empresarios de la construcción y hasta colegios privados. Según cifras de la PNP, las denuncias por extorsión se han triplicado en los últimos tres años, concentrándose principalmente en Lima, Trujillo y Chiclayo.
El Gobierno ha reiterado que la lucha contra este flagelo es prioritaria, pues no solo atenta contra la economía familiar, sino que alimenta la expansión del crimen organizado. “No vamos a ceder frente a las mafias”, afirmó el premier Arana.
El anuncio del premier Eduardo Arana llega en un contexto de alta tensión, con el paro nacional de transportistas en puerta y la creciente preocupación de la ciudadanía por la inseguridad. Los 40 millones de soles aprobados representan una inversión clave para reforzar la capacidad de respuesta de la PNP, pero su impacto dependerá de la rapidez con que las medidas se ejecuten y de la voluntad política para sostenerlas en el tiempo.
Mientras tanto, transportistas y pasajeros esperan que esta vez el compromiso se traduzca en resultados tangibles: más seguridad en las calles y menos miedo al subir a un bus.