El expresidente Alejandro Toledo vuelve a estar en la mira judicial. Según informó RPP, el Poder Judicial solicitó a las autoridades de Estados Unidos la ampliación de su extradición, esta vez para que pueda ser procesado por el caso Tramo 4 de la Carretera Interoceánica Sur, un proyecto manchado por sobornos de constructoras brasileñas.
La decisión fue adoptada por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien aprobó el requerimiento presentado por el Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato. El magistrado remitió el expediente a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, encargada de formalizar el pedido ante Washington.
¿Qué implica este nuevo pedido de extradición?
La Fiscalía acusa a Toledo de haber recibido sobornos de la constructora Camargo y Correa a cambio de favorecerla en la licitación del Tramo 4 de la Interoceánica. Por este caso, el Ministerio Público ha solicitado 24 años y 8 meses de prisión contra el exmandatario por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos agravado.
En su resolución, Concepción Carhuancho precisó que la solicitud cumple con todos los requisitos de la normativa internacional de extradición: descripción detallada de los hechos, identificación del extraditable, calificación jurídica, así como el principio de doble incriminación. También descartó que se trate de delitos políticos o conexos que impidan el trámite.
La medida busca que Toledo pueda enfrentar un tercer proceso penal en el Perú, además de las dos condenas que ya acumula en territorio nacional.
¿Qué condenas enfrenta actualmente Alejandro Toledo?
El expresidente, que gobernó entre 2001 y 2006, llegó al Perú el 23 de abril de 2023 tras ser extraditado desde Estados Unidos por los casos de la Interoceánica Sur (tramos 2 y 3). En octubre de 2024, fue sentenciado a 21 años y 6 meses de prisión por colusión y lavado de activos.
Ese mismo año, Washington autorizó otra ampliación de extradición para el proceso por el caso Ecoteva, donde se investigó la compra de lujosas propiedades con dinero ilícito. El 3 de septiembre de 2025, la Novena Sala Penal Liquidadora lo condenó a 13 años y 4 meses de cárcel.
Ambas penas las cumple en el penal Barbadillo, en Ate, donde también se encuentran recluidos otros expresidentes peruanos como Alberto Fujimori y Pedro Castillo.
¿Qué pruebas respaldan la acusación?
De acuerdo con la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato, existen correos electrónicos incautados a Marcos de Moura Wanderley, exejecutivo vinculado a Camargo y Correa, que hacen referencia a pagos ilícitos destinados a Toledo. Además, se identificaron depósitos hacia las cuentas de Josef Maiman, su amigo y presunto testaferro, procedentes de empresas “off shore” relacionadas con constructoras brasileñas.
Estas evidencias fortalecen la tesis fiscal de que Toledo habría recibido coimas millonarias para direccionar licitaciones a favor de compañías extranjeras, repitiendo un patrón que ya fue probado en los casos anteriores.
Un nuevo capítulo en el largo proceso judicial
El pedido del Poder Judicial marca un nuevo capítulo en la extensa lista de procesos contra Toledo, quien pasó de ser el presidente que derrotó al fujimorismo en las urnas en 2001 a convertirse en el tercer exjefe de Estado condenado por casos de corrupción vinculados al Club de la Construcción y Odebrecht.
Si Estados Unidos concede la ampliación, Toledo enfrentará tres condenas simultáneas que podrían dejarlo en prisión hasta avanzada edad. Sin embargo, sus abogados podrían recurrir a estrategias dilatorias o incluso a recursos de la justicia internacional para intentar frenar el proceso.
La pregunta que queda en el aire es: ¿hasta dónde llegará el alcance de la justicia peruana en el caso Toledo, y qué mensaje deja esto sobre la lucha contra la corrupción en el país?