El Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), a través de la Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa de Internación, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), dio inicio al “Censo Nacional 2025” en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR) del país.
El objetivo principal de este empadronamiento es garantizar un desarrollo ordenado y seguro del censo, respetando los marcos metodológicos y técnicos establecidos para la recolección de información en contextos institucionales. La actividad permite conocer la realidad de los adolescentes internos, contribuyendo a mejorar las políticas públicas y los programas socioeducativos dirigidos a esta población.
En Lima, los adolescentes del CJDR participaron activamente en el censo, con la presencia de especialistas del INEI, quienes se encargaron de recolectar los datos respetando estrictamente la confidencialidad de la información estadística. Esta medida garantiza que la información sea veraz, pertinente y sensible, especialmente en el caso de adolescentes menores de edad.
El censo se desarrollará de manera progresiva en otros CJDR del país, incluyendo Santa Margarita, Miguel Grau (Piura), Alfonso Ugarte (Arequipa), José A. Quiñones (Chiclayo), Marcavalle (Cusco), Trujillo, Pucallpa, El Tambo (Huancayo) y el Anexo III del CJDR Lima, culminando el 17 de octubre de 2025.
Coordinación técnica y apoyo interdisciplinario
El empadronamiento no solo involucra al INEI y PRONACEJ, sino también a un equipo técnico interdisciplinario de cada centro juvenil. En el caso del CJDR Lima, el personal brindó apoyo a los especialistas para completar correctamente la cédula censal, asegurando la veracidad de los datos y respetando la privacidad de los adolescentes.
¿Cómo permitirá este censo mejorar las políticas públicas y los programas de rehabilitación para los adolescentes en centros juveniles del país?
El director ejecutivo del PRONACEJ, Francisco Naquira Cornejo, destacó que la participación conjunta de los equipos técnicos y especialistas del INEI garantiza que el proceso sea riguroso, transparente y respetuoso de los derechos de los adolescentes. Por su parte, Claudia Félix Pacheco, jefa de la Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa de Internación, subrayó la importancia de respetar la confidencialidad y sensibilidad en la recolección de información, especialmente cuando se trata de personas menores de edad o en situación de vulnerabilidad.
El responsable de Viviendas Colectivas de la Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI, Ángel Rodríguez Montes, resaltó que la coordinación institucional permite cumplir con los estándares nacionales e internacionales de censos poblacionales, asegurando que los datos obtenidos sean útiles para la planificación de políticas y programas de desarrollo social.
Marco legal y prioridad nacional
El Censo Nacional 2025 se realiza en cumplimiento del Decreto Supremo N.° 063-2024-PCM, mediante el cual el Estado peruano declaró de interés y prioridad nacional la ejecución de los Censos XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas, incluyendo poblaciones sin vínculos familiares o sujetas a normas administrativas, como los adolescentes en centros juveniles.
Esta acción permite al Gobierno contar con información precisa y confiable sobre la población adolescente en contextos institucionales, un insumo clave para diseñar políticas públicas y programas de rehabilitación, educación y reinserción social. Además, garantiza que los adolescentes sean considerados dentro de los planes de desarrollo social del país, asegurando igualdad de oportunidades y protección de derechos.
Impacto y beneficios del censo
El Censo Nacional 2025 permitirá al PRONACEJ y al INEI identificar necesidades específicas de los adolescentes en los CJDR, evaluar la efectividad de los programas existentes y proponer nuevas estrategias de intervención. La información recopilada contribuirá a mejorar la planificación educativa, social y laboral, así como la implementación de políticas de protección y reinserción de los jóvenes.
La iniciativa también fortalece la transparencia y rendición de cuentas, asegurando que los recursos públicos destinados a los centros juveniles se empleen de manera eficiente y orientada al bienestar de los adolescentes. Asimismo, facilita la coordinación interinstitucional, clave para mejorar los estándares de gestión y atención en los centros juveniles.