¿Qué anunció Eduardo Arana sobre los nuevos penales en el Perú?
En su reciente exposición ante el Congreso de la República, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, abordó uno de los temas más urgentes del sistema de justicia peruano: la crisis penitenciaria y el hacinamiento carcelario.
Arana confirmó que durante su gestión como ministro de Justicia se desarrollaron proyectos que ya cuentan con respaldo presupuestal y financiero. Específicamente, informó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) dispone de un fondo de USD 800 millones —alrededor de S/ 3,000 millones— destinado a la construcción y modernización de penales.
“Ese trabajo fue concluido durante mi gestión. Hoy, el Ministerio de Justicia ya cuenta con el dinero para construir nuevos penales”, aseguró el premier.
Un presupuesto histórico para el sistema penitenciario
Arana explicó que este monto se autorizó dentro de la Ley de Endeudamiento del periodo fiscal 2024–2025. Aunque en un inicio no se asignó un presupuesto amplio desde el pliego inicial, la ley permitió gestionar una línea de financiamiento específica que hoy está disponible.
El plan no solo contempla la construcción de megapenales, sino también el desarrollo de infraestructura con tecnología avanzada, incluyendo sistemas de vigilancia inteligente, digitalización de expedientes, control biométrico y centros de monitoreo de última generación.
La propuesta incluye también la rehabilitación de penales existentes, así como el destrabe de proyectos detenidos en gobiernos anteriores.
¿Cuáles son los proyectos en camino?
Uno de los megaproyectos emblemáticos que mencionó el jefe del Gabinete es la construcción del nuevo penal en Ica, con un presupuesto estimado de más de S/ 250 millones. A este se sumarían otros cuatro proyectos penitenciarios distribuidos en diferentes regiones del país, que —según dijo— están listos para iniciar su ejecución en los próximos cinco meses.
Se trata de una primera fase de infraestructura penitenciaria, que incluye establecimientos de alta seguridad, centros de detención preventiva, espacios especializados para jóvenes en conflicto con la ley y unidades de reinserción social.
¿Por qué es urgente construir nuevos penales en el Perú?
El sistema penitenciario nacional enfrenta desde hace años una grave crisis de hacinamiento. Las cárceles del país superan largamente su capacidad operativa, generando no solo condiciones indignas, sino también limitaciones para la rehabilitación de internos y el control de mafias carcelarias.
En este contexto, la promesa de nuevos penales no solo responde a una necesidad de infraestructura, sino también a una política de seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado y reducción de la reincidencia.
Arana enfatizó que estas nuevas instalaciones estarán diseñadas bajo criterios de eficiencia, vigilancia y reintegración, con el objetivo de ofrecer espacios seguros, controlados y con servicios adecuados para procesos judiciales, visitas y tratamiento penitenciario.
¿Se ejecutará este presupuesto con transparencia?
Consultado sobre la ejecución de este presupuesto, Eduardo Arana aseguró que los proyectos están en condiciones técnicas y legales de avanzar. Señaló que se busca canalizar parte de las obras a través de mecanismos de asociación público-privada y Obras por Impuestos, lo cual permitirá acelerar los plazos y garantizar transparencia.
“Tenemos la capacidad para ejecutar estos fondos. Los expedientes técnicos están listos y los mecanismos de financiamiento están asegurados”, sostuvo.
Además, destacó que se contempla la participación de organismos multilaterales y bancos de desarrollo que podrían complementar el financiamiento para proyectos más ambiciosos, como los megapenales con capacidad superior a los 5,000 internos, conectividad digital y bloque de inteligencia penitenciaria.
El reto: transformar un sistema colapsado
Más allá del anuncio del presupuesto, el principal desafío será su implementación eficaz. Históricamente, las iniciativas para construir nuevos penales en el Perú han enfrentado retrasos, obstáculos administrativos, conflictos sociales por la ubicación de las cárceles y, en muchos casos, denuncias por corrupción.
La ciudadanía —y en particular las regiones afectadas por la sobrepoblación penal— espera que esta vez el anuncio no quede en el papel. La clave, como indicó Arana, estará en la coordinación intersectorial, el acompañamiento del INPE y la fiscalización activa del Congreso.
