El retorno de un ministro censurado ha encendido la pradera política en el Congreso. A menos de medio año de haber sido removido por el Parlamento, Juan José Santiváñez juró nuevamente como titular de una cartera en el Ejecutivo. Esta vez, en el sensible Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo que ha generado duras reacciones por parte de diversos parlamentarios, que consideran el nombramiento una provocación y una amenaza al equilibrio democrático.
El nombramiento se concretó el 23 de agosto en Palacio de Gobierno, en medio de cambios simultáneos en el gabinete: Ana Peña asumió el Ministerio de la Mujer y Fanny Montellanos pasó a liderar el Midis. Pero fue la reincorporación de Santiváñez lo que acaparó la atención y el rechazo político.
¿Quién es Juan José Santiváñez y por qué genera tanto rechazo?
El exministro del Interior fue censurado por el Congreso en marzo de 2025 tras una gestión cuestionada y una investigación fiscal por presunto tráfico de influencias. También tiene vigente una orden de impedimento de salida del país por 18 meses. Pese a ello, su designación al frente del Ministerio de Justicia ha sido interpretada por varios sectores como una estrategia de blindaje político por parte del Ejecutivo.
Reacciones en cadena: “Una burla al país”
La parlamentaria Sigrid Bazán fue una de las primeras en pronunciarse con dureza:
“Con total descaro, Dina vuelve a nombrar como ministro a Santiváñez, no le importa que haya sido censurado por el Congreso por incapaz. Se aferra a su pequeño séquito para mantener la ilusión de poder”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).
La congresista Flor Pablo también expresó su repudio al nombramiento:
“Dina Boluarte se burla de los peruanos al nombrar como ministro de Justicia a Juan José Santiváñez, el censurado exministro del Interior y el peor que tuvimos”.
Para Pablo, la preocupación va más allá de un simple cargo. Denunció que este nuevo nombramiento podría dar pie al uso del INPE como herramienta de castigo político, y mencionó también el riesgo de una eventual salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
“Su llegada anuncia que van a usar el INPE para castigar opositores, allanar la salida del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y asegurar la impunidad. Esta designación confirma una nueva etapa de endurecimiento autoritario”, sentenció.
¿Un nombramiento con cálculo judicial?
El legislador Diego Bazán apuntó que la designación de Santiváñez tiene una motivación clara: garantizarle antejuicio político desde el cargo, lo que limitaría la acción inmediata del Ministerio Público.
“Buscan darle un salvavidas, extender el antejuicio político y empoderarlo”, dijo.
Bazán también consideró que la movida representa un nuevo episodio de “blindaje institucional” por parte del Ejecutivo y alertó sobre el posible uso político de la cartera de Justicia para fines personales o partidarios.
Más críticas: “Un golpe a la institucionalidad”
Desde otras bancadas, las críticas no cesaron. El congresista Alejandro Cavero fue directo:
“El nombramiento del censurado Santiváñez en Justicia es una burla al país”.
Mientras tanto, la legisladora Silvana Robles fue más allá al calificar la decisión de “golpe a la institucionalidad y a la justicia del Perú”, resaltando el riesgo que implica que una figura tan cuestionada vuelva a ocupar un espacio de poder desde el que se diseñan políticas legales y penitenciarias.
¿Qué implicancias tiene su retorno?
Con Santiváñez al frente del Ministerio de Justicia, el Ejecutivo concentra a una figura investigada penalmente en una cartera clave para la defensa del Estado, la administración del sistema penitenciario, y la relación con organismos internacionales de derechos humanos.
En un momento de tensiones políticas crecientes, su designación podría fracturar aún más la ya debilitada relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, e incluso provocar nuevas mociones de interpelación o censura, esta vez contra el premier Eduardo Arana.
¿Cuál será el costo político para el Gobierno?
El regreso de Santiváñez al Ejecutivo abre una pregunta urgente:
¿Está dispuesta Dina Boluarte a asumir el costo político de blindar a un funcionario censurado, pese al desgaste institucional que ello supone?
En las próximas semanas, se sabrá si este nombramiento deriva en una nueva crisis ministerial o si, por el contrario, marca el inicio de un endurecimiento de la estrategia política del Ejecutivo para aferrarse al poder, blindajes incluidos.