La minería ilegal volvió a ser blanco de la justicia en la Amazonía peruana. En un operativo conjunto, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Ucayali destruyó tres campamentos rústicos y maquinaria pesada que operaban en el distrito de Yuyapichis, provincia de Puerto Inca, Huánuco, a orillas del río Pachitea. El golpe apunta a frenar una de las actividades ilícitas que mayor impacto generan sobre los bosques y ríos de la selva central.
¿Qué halló la Fiscalía en Puerto Inca?
El operativo, encabezado por el fiscal provincial Froebel Dumas Campos Malpartida y la fiscal adjunta Nivia Simeón Arauco, permitió inutilizar chutes metálicos, motores chinos, motobombas de succión, mangueras, combustible, excavadoras sobreorugas y hondonadas artificiales que eran usadas para remover grandes volúmenes de tierra y oro aluvial.
Los bienes fueron destruidos in situ, cumpliendo el Decreto Legislativo 1100, que regula la interdicción contra la minería ilegal, así como los protocolos que garantizan que los materiales no vuelvan a ser utilizados por las mafias extractivas. La acción se desarrolló en las márgenes izquierda y derecha del río Pachitea, y también dentro de su cauce.
Operativo interinstitucional contra la minería ilegal
La operación no fue solo fiscal. Contó con el respaldo de la Marina de Guerra del Perú (Control Fluvial), la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la PNP en Huánuco, y del Sernanp, encargado de la vigilancia de las áreas naturales protegidas. Este despliegue conjunto evidencia que la lucha contra la minería ilegal en la Amazonía necesita coordinación militar, policial y ambiental para enfrentar estructuras criminales cada vez más sofisticadas.
El Ministerio Público resaltó que estas acciones forman parte de un plan permanente de interdicción que busca no solo desarticular campamentos ilegales, sino también frenar la deforestación, la contaminación con mercurio y el desplazamiento de comunidades locales.
Impacto ambiental y social en la Amazonía
La minería ilegal en Puerto Inca no es un fenómeno nuevo. Desde hace más de una década, esta provincia ubicada entre Ucayali y Huánuco se ha convertido en corredor de extracción clandestina debido a su ubicación estratégica: acceso fluvial al Ucayali, conexión terrestre hacia Pasco y Huancayo, y presencia de ríos auríferos poco controlados.
Los impactos son severos:
- Contaminación de ríos con mercurio, que afecta a peces y a comunidades que dependen de ellos para subsistir.
- Deforestación acelerada, que abre paso a la desertificación en zonas de alta biodiversidad.
- Conflictos sociales, pues muchas veces estas operaciones están ligadas a redes de trata de personas, explotación sexual y trabajo infantil.
¿Qué significa este operativo para la lucha contra el crimen organizado?
Más allá de la destrucción de maquinaria, el operativo en Panguana – Pampas Verdes es un mensaje directo a las redes criminales que dominan este territorio. Según fuentes fiscales, detrás de la minería ilegal en Huánuco existe un entramado que conecta a financistas, acopiadores de oro, proveedores de combustible y maquinaria, y grupos de seguridad armada que resguardan las zonas de explotación.
En muchos casos, estas economías ilícitas no operan solas: están vinculadas al narcotráfico, que utiliza los ríos amazónicos para movilizar droga hacia la frontera con Brasil. La interdicción, por lo tanto, no solo protege al medio ambiente, sino que golpea directamente a economías criminales que financian violencia en la selva central.
Preguntas clave
- ¿Por qué Puerto Inca es foco de minería ilegal?
Por su geografía estratégica, con acceso a ríos auríferos y conexiones hacia la selva y la sierra, lo que facilita el transporte clandestino de oro y otros insumos. - ¿Qué riesgos enfrenta la población local?
Contaminación con mercurio, pérdida de tierras agrícolas, incremento de violencia criminal y cooptación de jóvenes por mafias mineras. - Qué viene después del operativo?
La Fiscalía anunció que mantendrá acciones de seguimiento e interdicciones, pero el reto principal será fortalecer la presencia del Estado en estas zonas para evitar la reactivación inmediata de los campamentos destruidos.
Una lucha que apenas comienza
La FEMA Ucayali reafirmó que continuará trabajando en defensa del medio ambiente y de los recursos naturales del país. Sin embargo, la experiencia en regiones como Madre de Dios y Ucayali muestra que las mafias mineras suelen reactivar sus operaciones en cuestión de semanas.
Expertos señalan que el reto no solo es represivo, sino también preventivo y alternativo: ofrecer a las comunidades locales opciones económicas sostenibles, fortalecer la fiscalización ambiental, y cortar los circuitos financieros ilegales del oro que terminan en joyerías y mercados internacionales.
El operativo en Puerto Inca es un paso firme, pero insuficiente si no se integra en una estrategia mayor contra el crimen organizado en la Amazonía. El oro ilegal sigue siendo tan rentable como la cocaína, y mientras las mafias controlen el territorio, el medio ambiente y las comunidades amazónicas seguirán en riesgo.
