La violencia contra el transporte público en Lima Norte se recrudece. En la madrugada del domingo 17 de agosto, un bus de la empresa La Huandoy S.A. fue blanco de un nuevo atentado con explosivos en Carabayllo, dejando destrozada la parte posterior de la unidad. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), el ataque se produjo en la avenida Túpac Amaru, a la altura del kilómetro 23, zona de Torre Blanca, cuando el vehículo había culminado su recorrido Carabayllo-Magdalena. Afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales, pero el hecho se suma a una cadena de agresiones que evidencian la presión del crimen organizado sobre los transportistas.
¿Qué ocurrió en el atentado contra el bus de La Huandoy?
De acuerdo con el parte policial, la detonación se produjo cerca de las 00:30 horas del domingo, minutos después de que el conductor descendiera al último pasajero. Testigos aseguran que un falso pasajero habría colocado el artefacto explosivo en el interior del bus antes de llegar al paradero final. La explosión dejó un forado en la carrocería, vidrios destrozados y los asientos severamente dañados.
El estruendo alertó a vecinos de Torre Blanca, quienes describieron una escena de pánico: humo, vidrios esparcidos y una ola de rumores sobre posibles nuevas explosiones en la zona. El bus terminó inutilizable y la empresa reportó pérdidas económicas significativas.
¿Qué hay detrás de estos ataques?
La Policía investiga la hipótesis de que los atentados responden a una extorsión criminal. Trabajadores de La Huandoy denunciaron que reciben amenazas constantes, en las que se les exige el pago de S/100,000 a cambio de operar sin represalias. “Si no pagan, revientan más buses”, habría sido el mensaje de los delincuentes, según relataron fuentes cercanas a la empresa.
Este no es un caso aislado. Apenas el martes 12 de agosto, otra cúster de la empresa Emptonsa fue atacada con un explosivo en la misma jurisdicción de Carabayllo. La similitud en el modus operandi hace presumir que se trata de la misma organización criminal, lo que genera alarma entre transportistas y usuarios.
¿Cómo impacta en el paro de transportistas del 21 de agosto?
La ola de atentados ocurre en la antesala del paro de transportistas programado para el jueves 21 de agosto, lo que eleva la tensión en Lima Metropolitana. Gremios de transporte han advertido que, además de las condiciones de inseguridad en las carreteras, sufren amenazas de mafias que buscan controlar rutas y cobrar cupos.
Para muchos transportistas, los atentados son un mensaje mafioso que busca quebrar su resistencia y forzarlos al pago de extorsiones. Dirigentes del sector señalaron que la inacción del Gobierno frente a estas mafias está dejando a miles de trabajadores expuestos.
¿Qué dice la Policía sobre las investigaciones?
El general PNP Guillermo Llerena, jefe de la Región Policial Lima Norte, informó que se ha desplegado un equipo especializado en explosivos y crimen organizado para identificar a los responsables. Aunque no se han producido detenciones, la hipótesis principal apunta a bandas que operan desde la capital extorsionando a empresas de transporte urbano y provincial.
La Fiscalía también ha abierto investigación preliminar por delito de terrorismo urbano, una tipificación que busca agravar las penas contra quienes usan explosivos en zonas de tránsito público. Sin embargo, especialistas en seguridad advierten que los procesos suelen ser lentos y que la capacidad de respuesta inmediata es limitada frente al poder de fuego de estas bandas.
Una ciudad tomada por el miedo
Los usuarios de transporte público expresaron su temor de seguir viajando en rutas de Carabayllo y otros distritos de Lima Norte. “Podría haber sido cualquiera de nosotros. Hoy fue un bus vacío, mañana puede ser con pasajeros adentro”, declaró un vecino a la prensa local.
La situación refleja un problema mayor: el crecimiento de mafias de extorsión vinculadas a organizaciones criminales extranjeras, que han encontrado en el transporte público un blanco rentable. Según fuentes de la PNP, bandas como “Los Choneros” de Ecuador o remanentes del Tren de Aragua estarían detrás de estas redes que ahora operan en Lima.
El atentado contra el bus de La Huandoy en Carabayllo es el síntoma de una guerra soterrada por el control del transporte urbano en Lima. En menos de una semana, dos explosiones han puesto en jaque a las empresas, mientras los usuarios quedan expuestos a una violencia que no distingue horarios ni rutas. Con el paro de transportistas a la vuelta de la esquina, el riesgo de un estallido social y de más atentados se vuelve inminente.
El desafío para el Gobierno es claro: o enfrenta a las mafias con medidas contundentes, o el transporte público se convertirá en un terreno dominado por la extorsión y el miedo.
