¿Qué ocurrió con los operativos de la PNP contra la minería ilegal?
En una decisión sorpresiva que encendió las alarmas entre autoridades ambientales, sectores empresariales y comunidades afectadas, la Policía Nacional del Perú (PNP) suspendió los operativos contra la minería ilegal, tala ilegal y otros delitos ambientales a nivel nacional. La medida, comunicada el sábado 3 de agosto de 2025 mediante el Memorándum N.º 099-2025-COMOPPOL-PNP, excluyó únicamente a la conflictiva provincia de Pataz, en La Libertad.
La disposición fue emitida por la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic) como parte de un supuesto proceso de “replanteamiento estratégico” para optimizar los recursos humanos y logísticos en la lucha contra estos ilícitos. Sin embargo, el impacto inmediato de la decisión —y el vacío de presencia policial en zonas críticas como Madre de Dios, Puno, Amazonas y Cusco— provocó un amplio rechazo, lo que obligó a la propia institución a dejarla sin efecto apenas 48 horas después.
¿Por qué se suspendieron las operaciones?
Según el documento interno de la PNP, la suspensión tenía como finalidad actualizar diagnósticos operativos e inteligencia, así como replantear la estrategia general contra los delitos ambientales. La orden incluía también el retiro del personal desplazado en regiones, su retorno a las bases y la revisión de la situación en cada zona para planificar nuevas intervenciones.
En palabras del general Manuel Lozada, director de Medio Ambiente de la PNP, la medida “ya no se va a ejecutar”, precisando que el memorándum quedó sin efecto el 5 de agosto, dos días después de su emisión.
No obstante, el daño estaba hecho. La simple emisión de una orden de este tipo —aunque luego se anule— revela una preocupante descoordinación interna y falta de claridad en la política nacional contra el crimen ambiental.
¿Qué efectos puede tener una suspensión como esta?
Especialistas en seguridad y ambiente advierten que el repliegue policial, incluso temporal, puede generar vacíos de poder que son rápidamente ocupados por mafias vinculadas a la minería ilegal, especialmente en regiones donde el control estatal es frágil. En Madre de Dios, por ejemplo, las bandas criminales no solo extraen oro de manera ilegal, sino que también operan redes de trata de personas, lavado de activos y tráfico de armas.
Además, representantes de la minería formal señalan que este tipo de mensajes desde el Estado debilitan la confianza de los inversionistas legales, quienes requieren condiciones mínimas de seguridad jurídica y orden público para operar. “Sin operativos sostenidos, se pierde todo lo avanzado en formalización y se refuerzan las economías ilegales”, señaló un experto del sector extractivo.
¿Qué sigue ahora?
Pese a que la orden fue anulada, el episodio abre nuevas interrogantes sobre quién toma realmente las decisiones estratégicas en la lucha contra la minería ilegal y si existe una voluntad política real para enfrentar a las mafias ambientales, cuyo poder económico y territorial ha ido en aumento durante los últimos años.
La minería ilegal genera en el Perú ingresos ilícitos superiores a los del narcotráfico en ciertas zonas, y su combate requiere un enfoque multisectorial, que articule a la Policía Nacional, Fiscalía, gobiernos regionales, SUNAT, OEFA y Marina de Guerra, entre otras entidades.
Si la lucha contra estos delitos se pausa, aunque sea brevemente, el retroceso puede ser de años. Por ello, diversas voces del sector ambiental piden una revisión urgente de las políticas públicas en materia de delitos ecológicos, así como mayor transparencia en las decisiones operativas de la PNP.
