La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha solicitado oficialmente a la Policía Nacional del Perú (PNP) que brinde apoyo con fuerza pública para reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación. Esta solicitud fue formalizada mediante la Resolución N.º 231-2025-JNJ.
El pedido está contenido en el Oficio N.º 00130-2025-P/JNJ, firmado por el presidente de la JNJ, Gino Ríos, y dirigido al comandante general de la PNP. En el documento se adjunta un decreto que ordena garantizar el cumplimiento de los artículos 2 y 3 de dicha resolución, los cuales disponen la reposición de Benavides en sus funciones.
“La finalidad es que la Policía preste el auxilio de la fuerza pública para ejecutar lo dispuesto en la resolución”, se indica en el oficio. La intervención policial serviría para asegurar el cumplimiento efectivo de la restitución de Benavides.
Rechazo desde el Ministerio Público
La actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, respondió a esta solicitud con un oficio dirigido al ministro del Interior, Carlos Malaver. En él, advirtió que una intervención policial sería “ilegal e inconstitucional”, pues atentaría contra el orden institucional y el debido proceso. Además, señaló que los altos mandos que acaten esta orden podrían enfrentar sanciones administrativas y penales.
Apoyo institucional a Benavides
En medio de la controversia, la Junta de Fiscales Supremos solicitó a la JNJ que remita el documento que contiene las seis firmas que respaldan el retorno de Benavides al cargo. Con ello, buscan reforzar la legalidad de su restitución.
La medida de la JNJ ha reavivado el debate sobre su rol constitucional y los límites de su autoridad frente a otras instituciones del sistema de justicia. El desenlace de este conflicto podría tener implicancias significativas para la relación entre el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia.