Una serie de documentos judiciales revelan que el estudio norteamericano Foley Hoag LLP, contratado por la Municipalidad de Lima para defenderla en el millonario arbitraje contra Rutas de Lima, incurrió en un grave conflicto de intereses al representar simultáneamente a empresas afiliadas al grupo Brookfield, socio mayoritario de la concesionaria demandante. La omisión, calificada como “devastadora” por la defensa limeña, podría dar un giro en el caso de los peajes.
Mientras el arbitraje internacional por los peajes en Lima sigue su curso y Brookfield Infrastructure Partners —accionista mayoritario de Rutas de Lima— exige al Estado peruano una indemnización de US$ 2,700 millones ante el CIADI, la batalla judicial paralela en Estados Unidos ha dado un giro inesperado. Una moción presentada por la Municipalidad Metropolitana de Lima ante la Corte del Distrito de Columbia pide la anulación del fallo que confirmó dos laudos arbitrales contrarios a la comuna, que le costaron más de US$ 200 millones.
La razón: un conflicto de interés oculto por parte del estudio legal Foley Hoag LLP, que habría defendido a Lima mientras representaba, al mismo tiempo y sin informar, a filiales del propio Brookfield, la contraparte en el proceso.
La estrategia doble de Foley
Según los documentos judiciales del 14 de mayo, Foley Hoag fue contratado por la Procuraduría de Lima en 2019 con la condición expresa de no representar intereses contrarios a los de la municipalidad. No obstante, al mismo tiempo que asumía la defensa de Lima frente a Rutas de Lima, el estudio norteamericano asesoraba a varias subsidiarias de Brookfield Renewable, una de las ramas de negocios del mismo grupo corporativo que controla a Brookfield Infrastructure y, por ende, a Rutas de Lima.
El conflicto fue tan grave que, mientras mantenía en reserva esta relación ante Lima, Foley sí reconoció el conflicto de interés al Estado peruano al competir por otro arbitraje vinculado al mismo contrato de concesión.
“Foley debilitó activamente la defensa de Lima”, se sostiene en la moción judicial, donde se denuncia que el estudio no solicitó suspensiones clave del proceso a pesar de las investigaciones penales por corrupción en Perú, ni preparó adecuadamente a los testigos ni profundizó las líneas probatorias sobre los pagos de Odebrecht al entorno de Susana Villarán.
Fallos por US$ 200 millones y un juicio cuestionado
La defensa municipal argumenta que estas omisiones estratégicas —como no presentar testigos clave, ignorar pistas documentales o mal asesorar en las audiencias— derivaron en un debilitamiento del caso y en una doble pérdida arbitral que fue luego confirmada por la Corte de Washington. “La Corte fue llevada a confirmar un fallo sin conocer las lealtades divididas del estudio”, se afirma.
Además, el juez federal que revisó el caso llegó a mostrar su frustración con la actuación de Foley Hoag en las audiencias: “Ahora solo pienso que ustedes podrían ser malos abogados”, declaró en una audiencia transcrita, al constatar que no dominaban los propios documentos que presentaban.
Consecuencias políticas y legales
La Municipalidad de Lima, a través de la firma Boies Schiller Flexner LLP, ha solicitado la anulación del fallo y la reapertura del caso, amparada en la Regla 60(b)(6) del procedimiento civil federal, que permite dejar sin efecto sentencias por razones extraordinarias. De prosperar, la estrategia podría desmoronar una parte del andamiaje legal que respalda el reclamo de Rutas de Lima.
El trasfondo político es ineludible. El conflicto de los peajes ha sido uno de los estandartes del alcalde Rafael López Aliaga, quien ha enfrentado presiones de inversionistas, demandas internacionales y acusaciones de populismo. Esta nueva arista —con epicentro en Washington— podría reforzar su narrativa: la de una defensa institucional perjudicada por actores extranjeros y errores deliberados.