Un proyecto de ley presentado por el congresista Américo Gonza, de Perú Libre, y firmado también por Maricarmen Alva (Acción Popular), propone modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Ministerio Público bajo el título de “fortalecimiento del sistema de justicia”. Sin embargo, en el articulado se esconde una disposición con alto potencial de interferencia política: se establece que el mandato de un juez supremo termina automáticamente una vez concluido su periodo como presidente de la Corte Suprema.
De aprobarse, esta norma implicaría la salida inmediata de al menos cuatro actuales jueces supremos –César San Martín, Elvia Barrios, Javier Arévalo y Víctor Prado–, todos expresidentes del Poder Judicial, más la actual titular, Janet Tello, cuando concluya su gestión. En otras palabras, el proyecto abriría cinco vacantes en la sala suprema, todas bajo la selección de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
La medida, lejos de fortalecer la carrera judicial como se proclama en su exposición de motivos, permitiría reconfigurar políticamente la Corte Suprema en un solo acto legislativo.
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