El futuro del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, pende de un hilo. Este martes 25 de marzo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluará su recurso de apelación con miras a revocar una resolución del juez supremo Juan Carlos Checkley. La decisión se centra en la investigación que enfrenta Oscorima por el caso ‘Rolex’, en la que se le involucra por la presunta entrega de relojes y joyas a la presidenta Dina Boluarte.
Un caso de corrupción en el ojo del huracán
La audiencia virtual, programada para las 9 de la mañana, será un momento crucial. Oscorima busca anular la disposición emitida por la Fiscalía de la Nación el 17 de mayo de 2024, que ordenó la desacumulación de los hechos atribuidos a su persona, así como a la presidenta Boluarte, y remitir el caso a la Fiscalía Superior Coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción.
La defensa de Oscorima sostiene que la decisión del juez Checkley, que declaró “improcedente” su recurso de tutela de derechos, carece de fundamentos sólidos y vulnera su derecho a un proceso justo. En su apelación, argumentan que la resolución no solo presenta defectos de motivación, sino que también infringe el principio de legalidad procesal penal y el derecho a un plazo razonable.
La posición del Tribunal
El tribunal, presidido por el juez César San Martín, escuchará tanto a la defensa de Oscorima como a los representantes de la Fiscalía y de la Procuraduría a cargo del caso. La decisión final se espera en los días siguientes, generando una atmósfera de expectativa tanto en el ámbito legal como en la opinión pública.
Oscorima es investigado por cohecho activo genérico, en un escándalo que ha sacudido los cimientos de la política ayacuchana. Las acusaciones indican que entregó relojes de marca Rolex y valiosas joyas a Boluarte coincidiendo con un aumento significativo del presupuesto destinado a la región desde su llegada al poder.
La resolución en debate
La defensa de Oscorima argumenta que la Fiscalía de la Nación ha desviado su atención hacia fiscales distintos al fiscal de la Nación, lo que podría dejar a la presidenta Boluarte en una situación de indefensión. Sin embargo, el juez Checkley subrayó que la investigación preliminar contra Boluarte ya había concluido y que se había formulado una acusación constitucional en su contra ante el Congreso.
“Las causas deberán acumularse y serán tramitadas según las reglas especiales previstas en el Código Procesal Penal”, afirmó Checkley, desestimando la solicitud de tutela de derechos por considerarla improcedente.
El desenlace de este caso no solo definirá el futuro de Oscorima, sino que también tendrá repercusiones significativas en la política de Ayacucho y en la administración de Dina Boluarte. Con la mirada del país puesta en esta audiencia, los días venideros prometen ser decisivos.
