La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista María Acuña Peralta (APP), aprobó tres informes de calificación que declaran la procedencia de las denuncias constitucionales en contra de los exmandatarios Martín Vizcarra y Pedro Castillo; contra el exministro de Salud, Víctor Zamora; y contra la exparlamentaria Luciana León Romero.
En el caso de Vizcarra Cornejo y Zamora Mesía, éstos se encuentran comprendidos en la Denuncia Constitucional 512 interpuesta por el congresista Edward Málaga Trillo (Avanza País) por la presunta infracción del artículo 2 de la Constitución Política del Perú y la presunta comisión de los delitos contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica y falsedad genérica tipificado en los artículos 428 y 438 del Código Penal.
El citado informe de calificación de la Denuncia Constitucional 512 fue aprobado con 16 votos a favor (unanimidad).
Se señala que, durante la pandemia por la Covid-19 se justificó la compra de pruebas rápidas mediante pruebas falsas con el argumento que no se adquirió pruebas moleculares, porque estaban acaparadas por el gobierno de los Estados Unidos.
Asimismo, documentos oficiales como decretos y artículos científicos contenían afirmaciones engañosas para justificar la compra de pruebas rápidas lo que habría incrementado contagios y muertes.
PEDRO CASTILLO
Con 8 a favor, 7 en contra y 0 abstenciones se admitió a trámite la Denuncia Constitucional 516 formulada por el exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, contra el expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión del delito de peculado de uso tipificado en el artículo 388 del Código Penal.
La denuncia refiere que, Castillo Terrores habría utilizado indebidamente aeronaves de la Fuerza Aérea y del Ejército del Perú, pertenecientes a la administración pública, para fines ajenos a su servicio como el transporte aéreo de sus familiares, allegados y terceros de Lima a Cajamarca para un evento privado.
LUCIANA LEÓN
Finalmente, con 15 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, se aprobó la procedencia de la Denuncia Constitucional 545 interpuesta por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en contra de Luciana León, en su calidad de excongresista de la república.
A la exparlamentaria se le acusa por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado, tipificado en el art. 400 primer y segundo párrafo del Código Penal.