La bancada de diputados de Renovación Popular solicitó a la Comisión de Ética Parlamentaria evaluar el inicio de una investigación de oficio contra Catherine Palomino, de Juntos por el Perú, tras las acusaciones de un exasesor sobre presuntos cobros a trabajadores de su despacho y supuestos pagos vinculados con gestiones para obtener presupuesto destinado a obras públicas.
En un comunicado publicado este miércoles 28 de octubre, la agrupación expresó su “preocupación e indignación” ante los hechos denunciados y pidió que se determinen las responsabilidades que correspondan, con respeto al debido proceso.
“Solicitamos a la Comisión de Ética Parlamentaria que evalúe el inicio de una investigación de oficio por estos nuevos hechos, sin perjuicio del procedimiento en curso”, señaló la bancada.
Renovación Popular pide salida temporal de Palomino en la Comisión de Justicia
Además de solicitar una nueva investigación, Renovación Popular consideró pertinente que Palomino evalúe su continuidad en la presidencia de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados mientras duren las investigaciones.
La bancada sostuvo que esta medida permitiría preservar la confianza ciudadana en dicha comisión. Asimismo, reafirmó su compromiso con la transparencia y la ética parlamentaria, a través de un pronunciamiento en X.
El pronunciamiento se produce después de que el programa Panorama difundiera el testimonio de un exasesor de Palomino, quien le atribuyó presuntas exigencias económicas a los trabajadores de su despacho y un supuesto esquema de cobros relacionado con gestiones presupuestales.
¿De qué acusan a Catherine Palomino?
Según el testimonio difundido por Panorama, el excolaborador afirmó que los trabajadores debían utilizar parte de sus remuneraciones para cubrir gastos vinculados con la actividad parlamentaria y compromisos con representantes de comunidades.
El extrabajador también sostuvo que la diputada le habría explicado que las gestiones para conseguir presupuesto para obras públicas podían generar ingresos para el despacho.
“Al momento de gestionar estos proyectos, a nosotros nos cae un porcentaje. Ese es el verdadero negocio del Congreso”, declaró, al describir el presunto mecanismo.
Entre los gastos que mencionó figuran el alquiler de una camioneta por S/ 2.000, alimentos, viáticos, servicios de la oficina de enlace y apoyos económicos que, según su versión, debían entregarse a representantes de comunidades.
El exasesor afirmó que conserva conversaciones y otras pruebas que respaldarían sus acusaciones y manifestó su disposición a presentarlas ante las autoridades.
Diputada rechazó las acusaciones de su exasesor
De acuerdo con el reportaje, Palomino rechazó las acusaciones relacionadas con los gastos de los trabajadores y aseguró que ninguno de ellos utilizó dinero de su propio bolsillo.
El caso también incluye cuestionamientos sobre las gestiones para obtener presupuesto adicional para el proyecto de mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento Capillas Norte, en el distrito de Capillas, provincia de Castrovirreyna, en Huancavelica.
El exasesor sostuvo que la obra registraba un avance prácticamente nulo pese a que se solicitaba más presupuesto. También señaló que la congresista habría insistido en continuar con las gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Las acusaciones deberán ser contrastadas por las instancias competentes. Hasta el momento, los hechos descritos corresponden a la versión del excolaborador y no constituyen, por sí mismos, responsabilidades acreditadas.