Aplicando el control difuso, el juez Richard Concepción Carhuancho señaló que no aplicará las leyes 32018 y 32132 a la hora de definir el pedido de 36 meses de prisión preventiva que la Fiscalía requirió para Nicanor Boluarte en el caso “Los Waykis en la Sombra”.
De acuerdo con el magistrado, la norma fue creada para beneficiar a los funcionarios que son investigados por organización criminal. “Es una ley que se dictó con nombre propio para favorecer a un grupo de personas y fue nefasta”, argumentó.
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Estas normas aprobadas por el Congreso fueron cuestionadas por disponer que los delitos contra la administración pública no puedan ser consideradas en los casos de organización criminal, haciendo que solo los delitos que se sancionen con más de seis años de prisión puedan tipificarse de esta manera.
La Fiscalía sostiene que el hermano de la presidenta Dina Boluarte habría copado las prefecturas y subprefecturas del país para hacer que estos funcionarios recojan firmas para la inscripción del partido Ciudadanos por el Perú, que serviría para dar respaldo al Gobierno.