La senadora Mirtha Vásquez, la diputada Indira Huilca y el senador Jaime Quito presentaron una denuncia constitucional contra el senador de Fuerza Popular Fernando Rospigliosi por presuntas infracciones a la Constitución vinculadas con sus actuaciones y declaraciones contra jueces y fiscales. Los denunciantes solicitan que, si se determina su responsabilidad, sea suspendido de sus funciones e inhabilitado para ejercer la función pública por hasta 10 años.
Vásquez dio a conocer la medida a través de su cuenta de X este jueves 29 de octubre. Según el documento, la denuncia cuestiona las acciones disciplinarias promovidas por Rospigliosi ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra magistrados. Los cuales emitieron resoluciones relacionadas con casos de violaciones de derechos humanos.
“Existe un patrón sistemático de denuncias disciplinarias contra magistrados ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ)”, sostuvo la senadora en su publicación. Añadió que estas acciones y las declaraciones públicas del legislador afectarían la independencia del sistema judicial y los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.
¿Por qué denuncian constitucionalmente a Fernando Rospigliosi?
En los fundamentos de la denuncia, los parlamentarios señalan que, entre agosto de 2025 y agosto de 2026, Rospigliosi habría presentado denuncias disciplinarias contra al menos siete integrantes del sistema de justicia, entre jueces y fiscales, solicitando su destitución por el sentido de las resoluciones que emitieron.
Los denunciantes sostienen que estas actuaciones, junto con declaraciones públicas del senador contra el sistema judicial, podrían afectar la separación de poderes y la independencia funcional de los órganos jurisdiccionales.
Como parte de sus argumentos, citan jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la separación de poderes y la independencia judicial. Además de publicaciones en redes sociales e informaciones periodísticas relacionadas con las declaraciones de Rospigliosi.
Entre los hechos mencionados figura su reacción frente a decisiones judiciales que aplicaron el control difuso, mecanismo que permite a los jueces inaplicar una norma legal en un caso concreto cuando consideran que contradice la Constitución. La denuncia se refiere específicamente a procesos vinculados con violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad.
¿Qué sanciones solicitan contra el senador de Fuerza Popular?
El documento presentado ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales solicita que la denuncia sea admitida a trámite. Asimismo, se realice la investigación correspondiente y se emita un informe final que determine si existe responsabilidad por las presuntas infracciones constitucionales.
Los parlamentarios invocan los artículos 43, 44, 138, 139 —numeral 2— y 146 —numerales 1 y 3— de la Constitución, relacionados, entre otros aspectos, con la separación de poderes, las obligaciones del Estado, la independencia jurisdiccional y las garantías de la función judicial.
Además, piden que el informe final recomiende formular una acusación ante el Senado y aplicar, de acreditarse los cargos, las sanciones previstas en el artículo 100 de la Constitución.
En concreto, solicitan:
- La suspensión de Fernando Rospigliosi en el ejercicio de sus funciones.
- Su inhabilitación para ejercer la función pública por hasta 10 años.
Los denunciantes argumentan que la eventual sanción se justificaría por la pluralidad de infracciones atribuidas, la reiteración de las conductas durante más de un año y la gravedad de los bienes constitucionales que consideran afectados.
Estas medidas son parte del petitorio de los parlamentarios y no constituyen sanciones impuestas al senador.
Solicitan información a la JNJ y registros del caso Cayara
Como parte de las diligencias solicitadas, los denunciantes piden que la JNJ remita copias de todas las denuncias disciplinarias presentadas por Rospigliosi desde agosto de 2025, además del estado de tramitación de cada una.
También solicitan a la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada el registro audiovisual y el acta de la audiencia del caso Cayara ante la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria, así como la relación de asistentes.
Estas diligencias buscan reunir información sobre las actuaciones cuestionadas y sustentar la investigación parlamentaria que los denunciantes solicitan.
La presentación de la denuncia no determina por sí misma la responsabilidad de Rospigliosi. La Comisión de Acusaciones Constitucionales deberá evaluar su admisión y el trámite correspondiente antes de que pueda emitirse un pronunciamiento sobre el fondo del caso.