El gran problema es que los que se suponían mediadores se quedan solos. El miércoles 28, Brasil, Colombia y México se opusieron a que se realice una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, solicitada por Paraguay y apoyada por Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana, Panamá, Perú y Uruguay. El propósito fue analizar el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro para atornillarse en el poder, que van desde los asesinatos, violaciones y torturas, hasta la persecución a la prensa y centenares de detenciones ilegales, incluidas a menores de edad.
La expectativa de ciertos sectores por el papel que podía jugar Lula da Silva y compañía se va esfumando, pero no queda clara cuál es la alternativa. El mismo trío ya parece dividido. Solo Lula y el colombiano Gustavo Petro firmaron el comunicado, el sábado 24, en el que insistieron en la necesidad de difundir las actas electorales “desglosadas por mesa de votación”, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia convalidó el fraudulento triunfo de Maduro. Andrés Manuel López Obrador hizo mutis.
Para el mismo miércoles se convocó a una nueva marcha de la oposición liderada por la treja María Corina Machado y Edmundo González, claro ganador de la jornada electoral del 28 de julio a pesar del grosero intento de fraude.
La dictadura, por su parte, reacciona con el endurecimiento. La designación, el martes 27, de Diosdado Cabello como ministro del Interior, Justicia y Paz, además de vicepresidente, abre una serie de interrogantes. Delcy Rodríguez, hasta ese momento vicepresidenta, pasó a asumir el Ministerio de Petróleo. Irónico resulta que, como ministra de turismo, actividad obviamente desaparecida del mapa llanero, fuera designada Leticia Gómez, de origen cubano.
Horas antes de asumir sus nuevos cargos, Cabello, en su calidad de vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), anunció que la Asamblea Nacional puede activar la destitución por abandono de cargo de Juan Carlos Delpino, uno de los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral y el único que hasta el momento ha denunciado la evidente falsificación del resultado electoral.
Cabello y Maduro han sido adversarios. En 2020 el dictador realizó una purga militar para remover a más de 50 oficiales cercanos a Cabello. Entregarle ahora el control de la represión y nada menos que el número dos del gobierno sugiere que Maduro apuesta por una mayor radicalización, incluso con su némesis doméstico al lado.
El gobierno de Estados Unidos mantiene vigentes las recompensas de USD 15 y USD 10 millones por las cabezas de Maduro y Cabello, respectivamente.
Con el casi seguro fracaso de la “mediación” brasileña, las miradas voltean a la administración de Joe Biden. Los extremos ponen de relieve a personajes como Eric Prince, fundador de la empresa de mercenarios Blackwater, como un ejemplo de un ejército privado que podría por varios cientos de millones de dólares hacer el trabajo sucio de detener o eliminar al dictador.
Más allá de escenarios semejantes, el Departamento de Estado considera a Venezuela un narcoestado y una reciente y muy completa investigación coordinada desde el Capitolio concluye que el negocio del narcotráfico patrocinado por el régimen tiene entre sus principales objetivos la realización de pagos periódicos a unidades militares. El protagonismo del aparato castrense, que con 2 mil generales marca un récord mundial, es central para las tareas del narcoestado. Un factor que reduce las posibilidades de que las esperadas “grietas” entre la tropa lleguen a ser suficientes para romper el dique de la dictadura.
El diario Wall Street Journal demandó en un editorial que el gobierno de Biden “reconozca la realidad y retire la licencia para traer petróleo de Venezuela”. La empresa Chevron es la encargada de dotar a la dictadura de recursos cruciales.
De otro lado están las presiones para que la Corte Penal Internacional (CPI) tome definiciones frente a Venezuela. El gobierno de Maduro es investigado por sus fiscales desde 2021. El año pasado la CPI rechazó una apelación del gobierno venezolano para que se respete su fuero interno antes de llegar al tribunal internacional. Esta semana, el senado chileno le pidió al presidente Gabriel Boric que solicite a la CPI emitir una orden de detención contra Maduro.