Rinconada de Muertes  

Puno añade un importante enclave al sangriento negocio de la minería ilegal. Bolivia se ha convertido en un actor clave.

por asistentemk

La Rinconada es un centro poblado con más de 7 mil habitantes, ubicado en el distrito de Ananea, región Puno a 5400 metros de altura. Desde lo alto se aprecia parte del poblado de un color gris oscuro y cubierto por un manto de nieve. El aire enrarecido y las bajas temperaturas hacen que las condiciones de vida sean muy difíciles. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que hordas de mineros ilegales operen en esta zona extrayendo –en más de dos décadas– cientos de toneladas de oro vendidas a países como Australia, Bolivia, Suiza, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. La gran demanda del mineral dorado, ha multiplicado su precio por gramo siete veces desde 2000, superando los USD 63 en 2023.

RINCONADA DE MUERTES

Domingo 18 de agosto, cuatro mineros fueron encontrados sin vida en uno de los caminos que dan a la mina de La Rinconada.

Solo en la región La Libertad, exactamente en la provincia de Pataz decenas de personas han perdido la vida a causa de la minería ilegal. En 2023, más de una decena de trabajadores de la minera Poderosa fueron asesinados por delincuentes que violentaron los socavones de la mina para apoderarse de la producción aurífera. Y en lo que va del año se han registrado varios crímenes a cargo de las bandas delictivas.

Lo mismo está ocurriendo en la región de Puno. Una ola de crímenes se ha desencadenado en las últimas semanas contra mineros formales en la zona de La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina. Al menos seis obreros han sido asesinados en lo que va del mes de agosto.

La sed por el oro que se extrae de las profundidades de las minas, ha desatado una ola de violencia donde delincuentes armados –al mismo estilo que en la provincia de Pataz– toman el poder de los socavones para secuestrar a los operadores y saquear el mineral.

El pasado domingo 18 de agosto, cuatro mineros fueron encontrados sin vida en uno de los caminos que da a la mina de La Rinconada. Los primeros informes señalan que fueron masacrados y presentaban impactos de bala en el cuerpo.

El general PNP Isaac Candia Haro, jefe de la región policial Puno, informó que se dispuso el traslado de dos grupos de agentes especiales para realizar las investigaciones del caso.

“Lo que se ha determinado hasta el momento es que el lugar donde fueron hallados no sería el lugar primigenio de la muerte. Se estima que pudieron haber fallecido al interior de una bocamina y fueron trasladados a otro lugar. Las pericias determinarán si fueron víctimas de alguna explosión o de armas de fuego. Según eso, iniciaremos las teorías de esta investigación”, señaló el oficial.

La fiscalía identificó a las víctimas como Samuel Chino Barreto (40), Eduardo Quizana Salazar (43), Dion Way Sánchez Moya (26) y Teófilo Yucra Moya, de 40 años.

Según una fuente policial, los delincuentes que operan en esta gélida zona se hacen llamar “Los Primos”, quienes fuertemente armados y coludidos con mineros ilegales avanzan por túneles clandestinos para apoderarse de vetas de mineral que explotan durante semanas manteniendo en cautiverio a sus víctimas.  Sin embargo, este hecho de sangre no sería el único ocurrido en La Rinconada, ya que el pasado 14 de agosto, un joven de aproximadamente 20 años fue encontrado con un impacto de bala en la cabeza.

A esta ola de violencia se suma la balacera en una discoteca de La Rinconada, que dejó un muerto y un herido la madrugada del jueves 22 de agosto. El fallecido fue identificado como Uriel Casilla Turpo, de 27 años, quien llegó sin vida al hospital de la ciudad. Según el reporte policial, el incidente se desató tras una aparente discusión entre varios sujetos, lo que resultó en un intercambio de disparos en plena vía pública y a plena luz del día.

En abril pasado, los cuerpos de tres hombres asesinados fueron hallados en el sector de Antahuila, cerca de la zona minera, con varios orificios de bala en el cuerpo.

ORO ILEGAL DESDE PUNO

El pasado 14 de agosto, las hermanas puneñas Edith Gisela y Lizbeth Yanina Pacori Borda, no pudieron argumentar ante las autoridades el origen de 4 lingotes de oro, cuyo peso aproximado era de más de 11 kilogramos, con un valor total de USD 1 339 336.00, consignado así en la declaración aduanera de mercancías (DAM), que intentaron exportar al extranjero.

Han declarado a las autoridades que no compran mineral aurífero porque son productoras y que no desarrollan actividad minera de beneficio, pese a que los instrumentos de gestión ambiental -IGAFOM, indican lo contrario.

En agosto de 2022 ya les habían incautado un total de 47.66 kilos de oro en un almacén aduanero en el Callao, que estaban listos para ser exportados a la India.

Han exportado en conjunto –en tres años– trescientos cuarenta y tres kilogramos con diez gramos (343.10) de oro, valuado en más de USD 18.2 millones

Según la indagación ambas iniciaron sus actividades económicas registradas en la SUNAT, en 2015, con la venta al por mayor de metales y minerales metalíferos.

LEY DEL ORO BOLIVIANO

A inicios de enero de 2021, el gobierno de Bolivia remitió a la Asamblea Legislativa el anteproyecto denominado “Ley del oro”, destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales.

Según el diario La Razón, la propuesta planteaba la compra del mineral a las cooperativas auríferas, con facilidades impositivas, asimismo, autorizaba al Banco Central de Bolivia (BCB) la venta del oro sin consultar al Congreso.

Sin embargo, los que no estuvieron de acuerdo con esta medida fueron los mineros cooperativistas auríferos quienes organizaron una resistencia, logrando que el documento quedara paralizado, por unos meses, en la Comisión de Planificación de la Cámara Baja.

No obstante, y luego de cerca de dos años,el 23 de abril de 2023, el polémico Proyecto de Ley N° 219/2022-2023 denominado “Compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales”, fue aprobado, después de una sesión que duró más de 22 horas de debate en plenaria en la Cámara de Diputados.

El artículo 9 establece que “el Banco Central puede realizar operaciones en los mercados internacionales con las reservas en oro, pudiendo comprar, invertir, depositar en custodia, emplear en instrumentos de cobertura, transformar y convertirlas en divisas, a fin de optimizar la liquidez y/o el rendimiento de las reservas internacionales”.

Así el Gobierno tuvo luz verde del Congreso para poder comprar decenas de toneladas de oro procedentes del Perú.

Solo días después Bolivia logró vender al extranjero 21 toneladas de oro para pagar su deuda externa y sostener de esta manera la moneda, y lo ha seguido haciendo.

BOLIVIA PRINCIPAL COMPRADOR DE ORO ILEGAL 

En junio pasado, el CEO de Mina Buenaventura, Roque Benavides Ganoza, reveló que el oro extraído ilegalmente de las regiones de Puno y Madre de Dios, así como de la macrorregión norte del país, es trasladado a Bolivia.

“Hoy día Bolivia es un importante –entre comillas– productor de oro y no tiene una sola mina de oro. Todo el oro que exporta Bolivia es mineral o metal de oro informal del Perú y eso es muy dañino para la economía peruana, y eso tenemos que enfrentarlo “, declaró.

“Yo diría que entre el 20 y 30 % del oro que se produce en el Perú se va a Bolivia, eso es mucho dinero y muchos impuestos que deberían ser pagados al fisco peruano y que seguramente benefician al fisco boliviano”, añadió.

El CEO de Buenaventura, estimó que en términos de dinero eso podría ser un promedio de USD 2 mil millones de dólares perdidos para el gobierno peruano.

LA RUTA DE SALIDA

Gran parte del oro extraído de Puno y Madre de Dios, sale como contrabando por la frontera de Puno (Desaguadero y Tilali, cerca del lago Titicaca, y la localidad minera de La Rinconada y Suches) y Madre de Dios (en la ruta que lleva a la ciudad de Cobija, en la Amazonía boliviana). En un primer tramo era transportado por vía terrestre hasta la capital de ese país, y luego exportado por vía aérea hasta Miami.

PERÚ EXPORTADOR DEL 44 % DEL ORO ILEGAL EN SUDAMÉRICA

Un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), de mayo pasado, dio a conocer que el 44 % del oro ilegal que exporta la región de Sudamérica proviene del Perú, superando largamente a los países vecinos de Colombia, Ecuador y Venezuela.

“Exportamos más oro ilegal que el legal”, se alarmó Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía.

Con la expansión de la actividad minera ilegal en el país, los destinos de exportación del oro producido también se diversificaron. De todo el oro exportado desde Sudamérica (legal e ilegal), una proporción cada vez menor se destina a Estados Unidos y Suiza, dirigiéndose en mayor porcentaje a la India y Emiratos Árabes Unidos, que multiplicaron 8 veces su participación.

Según un análisis publicado por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa de Estados Unidos (C4ADS), por sus siglas en inglés), desde el 2017 un número cada vez más grande de empresas comercializadoras de oro ilegal peruano habría dirigido sus exportaciones a esos destinos para su refinación.

Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de Poderosa, destacó que la minería ilegal ha superado al narcotráfico como la principal fuente de recursos ilegales en el Perú, generando aproximadamente USD 4 mil millones anuales. Alertó que este problema se ve agravado por el poco compromiso del Estado en la lucha contra esta actividad delictiva.

“El Estado solo invierte S/ 80 millones en la lucha contra la minería ilegal, mientras que, contra el narcotráfico, S/268 millones. Esto, a pesar de que la minería ilegal se ha convertido en la principal economía ilícita del país. Está estrechamente vinculada al crimen organizado y a otros delitos como el sicariato, la trata de personas, la prostitución y la corrupción”, señaló De la Flor.

De la Flor también reveló que en 12 años de vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), solo se han formalizado 12 mil mineros, es decir 1000 por año.

Precisó que no hay un estudio exacto sobre el número de mineros ilegales, pero se estima que serían entre 200 mil a 300 mil, que operan en 10 regiones principalmente en Madre de Dios, Amazonas y La Libertad.

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