Hoy, viernes 2 de agosto, vence el plazo para que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, observe la norma que aprobó el Congreso para modificar la Ley contra el crimen organizado, que ordena que los allanamientos se deberán hacer en presencia del investigado y de su abogado.
El Poder Ejecutivo recibió la autógrafa de ley el pasado 15 de julio y desde esa fecha, no formuló la observación pese a que la Dirección General de Asuntos Criminológicos elaboró un informe que sostiene que esta norma debilitaría la lucha contra la delincuencia debido a que se excluye el levantamiento del secreto bancario de las investigaciones, se puede afectar a los casos de lavado de activos.
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La entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también cuestiona que el establecer que los allanamientos se deben realizar en presencia del investigado y su abogado podría entorpecer las diligencias.
También venció el plazo para observar Ley Rospigliosi
Pero este no es el único caso, ya que el 1 de agosto, venció el plazo para que la presidenta Boluarte observara la ley que ordena la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos con anterioridad al año 2002. Esta norma fue impulsada por el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi.
Esta norma podría beneficiar al expresidente, Alberto Fujimori, quien está siendo juzgado por la muerte de cinco campesinos en el año 1992 en el marco del caso Pativilca – Caraqueño. Los integrantes del grupo Colina también podrían beneficiarse de esta norma.