El diputado Ernesto Zunini, vocero de la bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados, anunció que solicitó la suspensión inmediata del vínculo laboral de un trabajador de su grupo parlamentario, luego de que un reportaje periodístico revelara contrataciones en el Congreso relacionadas con familiares de agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que participaron en la custodia de Pedro Castillo en el penal de Barbadillo.
A través de una publicación en X, el legislador comunicó la medida y reafirmó su compromiso con una gestión transparente. Sin embargo, no identificó al trabajador cuya suspensión solicitó ni precisó si la decisión implica el cese temporal de sus funciones o el inicio de una evaluación interna.
“Como vocero de la bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de diputados, he solicitado la suspensión inmediata del vínculo laboral de un trabajador de la bancada, tras la denuncia pública que cuestiona su contratación. Reafirmo nuestro compromiso con una gestión ética y transparente”, escribió.
Juntos por el Perú: ¿qué contrataciones reveló el reportaje de Cuarto Poder?
La investigación de Cuarto Poder identificó tres casos de personas que consiguieron puestos remunerados en espacios del Congreso vinculados a Juntos por el Perú.
Uno de ellos es el de Yulissa Ivonne Lucero Chujutalli, hija de Calixtro Lucero Rodríguez, director del penal de Barbadillo. La joven fue contratada como técnica en el despacho de la diputada Azucena Isla Rojas, con una remuneración mensual de S/8.300.
Otro caso corresponde a Alejandro Nicolás Hurtado Paz, hijo de Juan Ramón Hurtado Barrenechea, agente del INPE vinculado a la custodia de Castillo. Según el reportaje, ingresó como técnico de la bancada de Juntos por el Perú con un sueldo de S/8.000.
La investigación también identificó a Héctor Sandoval Moreno, exdirector de Barbadillo, contratado como asesor de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por la diputada Catherine Palomino Casavilca. Este nombramiento llamó la atención porque el grupo de trabajo tiene entre sus asuntos pendientes el debate de iniciativas de amnistía.
Las contrataciones generaron cuestionamientos por los vínculos familiares y laborales con personal penitenciario relacionado con la custodia del expresidente. No obstante, el reportaje no acreditó que los nombramientos fueran una contraprestación por supuestos beneficios concedidos a Castillo durante su reclusión.
Zunini pide que proyecto de amnistía no quede deslegitimado
En el mismo mensaje, el vocero de Juntos por el Perú se refirió al proyecto de ley de amnistía y sostuvo que los cuestionamientos por las contrataciones no deben afectar su discusión parlamentaria.
“Por su parte, el proyecto de ley de amnistía no debe verse deslegitimado y debe debatirse por su contenido y sus fundamentos”, agregó.
La declaración se produce en medio de los cuestionamientos por la incorporación de Héctor Sandoval a la Comisión de Justicia, instancia que deberá evaluar iniciativas relacionadas con la amnistía. El exdirector de Barbadillo fue citado en 2023 por la Comisión de Fiscalización debido a presuntas facilidades otorgadas a Pedro Castillo durante su reclusión.
Consultado por su contratación y los méritos que respaldaron su incorporación, Sandoval descartó que el expresidente hubiera intervenido en su nombramiento y remitió las preguntas sobre su experiencia profesional a Recursos Humanos del Congreso.