En la región de Madre de Dios, traficantes de tierras invaden propiedades privadas y públicas utilizando títulos de adjudicación de la época de la reforma agraria, los cuales ya fueron invalidados por el Estado. Estas personas se amparan en mandatos judiciales para obtener el reconocimiento de transferencias y sucesiones intestadas, procedimientos legales para la distribución de bienes de personas fallecidas sin testamento válido. Este accionar ha puesto en riesgo obras públicas y la construcción de viviendas formales en la región.
“Invaden con violencia los terrenos de propiedad pública y de las asociaciones de vivienda en el distrito Las Piedras y en toda la región de Madre de Dios”, declaró a Inforegión Martín Chacacanta Estrada, alcalde del distrito Las Piedras, ubicado en la provincia de Tambopata.
Casos registrados
Hace un mes, dos terrenos estatales en el centro poblado El Triunfo fueron invadidos: uno perteneciente a la Municipalidad Distrital de Las Piedras y el otro a la Dirección Regional de Salud. Además, las asociaciones de vivienda también son blanco de estas invasiones, con reportes de ocupaciones en las Asociaciones de Vivienda de Bajo Madre de Dios en las últimas dos semanas, y en las Asociaciones de Vivienda Santa Inés, Juan Pablo II, Santa Martha y la urbanización San Martín en los últimos tres años.
Asimismo, se registran invasiones en terrenos de la Fuerza Aérea del Perú, donde existen aproximadamente 19 ocupaciones que se presentan como urbanizaciones de interés privado. En áreas de propiedad privada, los invasores se instalaron en la propiedad agrícola de Lucio Bocangel Ramírez, ubicada en el centro poblado La Joya.
Las invasiones también han puesto en riesgo proyectos de desarrollo. El terreno invadido de la Municipalidad de Las Piedras estaba destinado a un área verde de recreación pública, mientras que en el predio de la Dirección Regional de Salud, se tenía previsto construir un puesto de salud valorado en 42 millones de soles. Hermógenes Mormontoy Madera, director regional de salud de Madre de Dios, confirmó ello.
Identificación de los presuntos traficantes
Marly Lisbeth López Rojas, Carlos Alexander Flores y Jesús Tunque Palomino han sido señalados como los invasores de los terrenos municipales y de salud, según consta en un acta de constatación policial del 7 de abril de 2024. En el caso de Tunque Palomino, este presentó un título de propiedad de 1974 y una memoria descriptiva para acreditar dicha propiedad, pero se verificó que era un documento falsificado y el título había sido revertido por el Estado.
Los terrenos de la Asociación de Vivienda Santa Martha, con títulos válidos y registrados, están siendo reclamados por los herederos de Luciano López Ayampo, quienes ostentan un título de la reforma agraria de 1974. Pero este perdió su validez en 1992.
Además, una demanda de reivindicación ante el Juzgado Mixto de Tambopata fue declarada infundada. Miguel Figallo Ezcurra, presidente de la Asociación de Vivienda Santa Martha, denunció que, tras no conseguir la ocupación legal, los herederos procedieron a invadir.
Eva Alfaro, presidenta de la Urbanización Juan Pablo II, denunció que Marly Lisbeth López Rojas y otros invadieron terrenos en su urbanización, utilizando un título de propiedad de 1974 que carece de validez legal. Esta acción ilegal afecta a 183 propietarios con títulos válidos, quienes demandan intervención policial para desalojar a los invasores.
Modus operandi y desalojo
Los invasores utilizan títulos de adjudicación otorgados durante la reforma agraria, los cuales fueron rescindidos en 1992 cuando los propietarios originales dejaron de tener derechos sobre las propiedades. A pesar de la invalidez legal de estos documentos, los traficantes intentan inscribir las propiedades utilizando sucesiones intestadas. Han obtenido un mandato reiterativo del juzgado civil de Tambopata para llevar a cabo estas inscripciones.
El 21 de junio, los invasores de la propiedad pública de la Municipalidad de Las Piedras y la Dirección Regional de Salud fueron desalojados mediante una medida de defensa posesoria y recuperación extrajudicial de predios estatales. Sin embargo, el problema persiste en otras áreas.