A pesar de que el Estado peruano ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se comprometió a proteger los derechos de los más de 50 pueblos indígenas u originarios que habitan en su territorio, aún son muchos los derechos que no se aplican de manera adecuada. Esto se confirmó en la presentación del “Informe alternativo sobre el cumplimiento al Convenio 169 de la OIT” elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
Cabe mencionar que el Convenio 169 de la OIT es un tratado que establece que se deberán adoptar medidas especiales para proteger a las personas, instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el medio ambiente de los pueblos originarios.
Durante la presentación, realizada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la abogada Ana Leyva, de CooperAcción, comentó que en el Perú aún se tiene un Estado con rasgos coloniales, ya que conceptos como el de “territorio” aún no están del todo incorporados en la legislación peruana y en consecuencia no está protegido.
“La eficacia de la consulta previa es casi nula. Ha sido una pelea por las tierras y por los territorios, ese sigue siendo un problema central de los pueblos indígenas. Ahora hay intentos de desarrollar autonomías y autogobiernos”, destacó Ana Leyva
Por su parte, Javier Jahncke, representante de CEAS y de la Coordinación del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, señaló que hay una debilidad en la articulación multisectorial en los sectores que abordan las políticas para pueblos indígenas y para la protección de los defensores y defensoras.
“En el Congreso hay un grupo antiderechos que busca revertir los avances en materia de derechos para abrir la Amazonía a la penetración del extractivismo” puntualizó Jahncke.
Por parte de los representantes de los pueblos indígenas, intervino Rosalía Clemente Tacsa, presidente de la Confederación Nacional Agraria – CNA, quien resaltó que que no se han visibilizado sus reclamos ni demandas de los pueblos indígenas. Además, Clemente enfatizó la importancia de los pueblos y comunidades originarios señalando que “durante la pandemia nosotros -las comunidades indígenas- hemos puestos los alimentos sobre la mesa”,
Asimismo, Salvador Merma, presidente de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco, comentó que las comunidades campesinas son avasalladas por concesiones mineras que nunca respetan a las comunidades haciendo caso omiso al derecho a la consulta previa.
En esa línea, Liliana Gadea, coordinadora del Observatorio Nacional de Consulta Previa de ONAMIAP, resaltó que desde diciembre vienen denunciando que el gobierno de Dina Boluarte tiene un proyecto extractivista que va llevar a la pérdida de identidad de los pueblos indígenas, además de sus territorios y vidas, lo cual representaría el incumplimiento al Convenio 169 de la OIT.
En otro momento de la presentación del informe, la congresista de la República, Ruth Luque comentó que se está condenando a la desigualdad y la pobreza a las comunidades que hoy están mucho más pobres que antes.
“Estamos viviendo en un contexto de criminalidad e impunidad avalado por un Congreso de la República que no ha querido nunca aprobar la consulta previa de las medidas legislativas”, destacó la congresista.
Luque destacó también que “pese a la crisis y a la situación adversa necesitamos seguir disputando espacios para la representación política indígena y que los pueblos participen en los espacios de poder y de toma de decisiones”.
A su turno, Catherine Neciosup, representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, comentó que la OACNUDH entre enero de 2022 hasta septiembre de 2023 ha documentado 151 incidentes sobre ataques, intimidaciones, hostigamiento a personas defensoras, involucrando a 365 víctimas, incluyendo siete personas asesinadas.
“El derecho a la consulta previa no debe verse como una isla en el océano, sino que tiene que verse vinculado a los demás derechos de los pueblos que están contenidos en otros instrumentos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” destacó Neciosup.
Por su parte Miguel Jugo, secretario adjunto de la CNDDHH, expresó que los derechos colectivos son exigibles a nivel nacional e internacional. Recordó la importancia del Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales y su aplicación en medidas legislativas y habló de casos en nuestro país que han acudido a instancias internacionales para defender derechos.
“Es muy importante la unidad del pueblo y de los pueblos indígenas. Esta unidad debe ir a otros sectores. Es momento de unirnos y articularnos en una agenda común”, destacó Jugo.
Las problemáticas y afectaciones a los derechos que sufren los pueblos indígenas u originarios que han sido discutidas en el evento son ampliamente explicadas en el “Informe alternativo sobre el cumplimiento al Convenio 169 de la OIT”. Además, el documento busca proporcionar aportes y enriquecer el diálogo en busca de un cumplimiento adecuado de este tratado con el fin de garantizar y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas.
Con la presentación del informe se busca no solo sensibilizar a la opinión pública sobre la vulneración de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, sino también hacer un llamamiento a organismos internacionales para que contribuyan a incidir en el estado peruano a fin de establecer medidas que permitan solucionar las problemáticas que sufren constantemente los pueblos indígenas.
Puede leer el informe aquí: https://drive.google.com/file/d/1-WxkDZSMP5P31BylO-dAcXR9cbotQpoR/view?usp=drivesdk