El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó que el expresidente Alejandro Toledo Manrique, recluido en el penal de Barbadillo, fue trasladado este domingo a la clínica San Pablo para cumplir con una cita médica programada.
El movimiento se realizó en cumplimiento de una resolución emitida por el Tribunal Constitucional (TC), que ampara el derecho del exmandatario a recibir atención médica especializada fuera del centro penitenciario.
Según el comunicado oficial, no se trató de una emergencia médica, sino de un procedimiento previamente autorizado y coordinado, bajo estrictas medidas de seguridad.
¿Por qué Toledo accedió a este beneficio?
El Tribunal Constitucional emitió una resolución que faculta al exmandatario a recibir atención médica en un centro privado, considerando informes que recomendaban evaluaciones clínicas que no podían ser realizadas dentro del penal.
Sin embargo, este beneficio no ha pasado desapercibido. Mientras Toledo, procesado por colusión y lavado de activos en el marco del caso Odebrecht, goza de una autorización especial, miles de internos en penales del país enfrentan graves limitaciones para acceder a servicios de salud, incluso en casos de urgencia.
Esta diferencia de trato plantea la pregunta:
¿Se está aplicando un doble estándar en el acceso a la atención médica para reclusos de alto perfil?
Proceso judicial y situación actual
Toledo enfrenta prisión preventiva mientras avanza el proceso en su contra. La Fiscalía lo acusa de haber recibido sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de favorecerla en la concesión de proyectos como la Interoceánica Sur.
El exmandatario fue extraditado desde Estados Unidos en 2023 y, desde entonces, cumple prisión en el penal de Barbadillo, donde también se encuentran recluidos otros expresidentes peruanos como Alberto Fujimori y Pedro Castillo.
A pesar de su delicada situación judicial, Toledo ha presentado en reiteradas ocasiones solicitudes para acceder a tratamientos médicos especializados, apelando a su estado de salud. Esta es la primera vez que el TC autoriza un traslado de esta naturaleza, lo que ha generado un intenso debate político y mediático.
INPE defiende su actuación
El INPE emitió un comunicado para subrayar que “se garantiza el respeto de los derechos fundamentales de la población penitenciaria”, incluyendo el acceso a la salud.
El organismo aclaró que todos los procedimientos médicos se realizan dentro del marco legal vigente y bajo estricta supervisión técnica y de seguridad.
No obstante, fuentes penitenciarias señalan que este tipo de traslados suelen ser excepcionales y que las autorizaciones dependen de resoluciones judiciales específicas, lo que ha reforzado la percepción de que Toledo goza de privilegios frente a otros internos.
Reacciones divididas
El traslado de Toledo ha provocado reacciones encontradas:
- Familiares y allegados del exmandatario consideran que la medida es “justa” y necesaria para salvaguardar su salud.
- Colectivos anticorrupción critican el beneficio y cuestionan la imparcialidad del sistema judicial.
- En redes sociales, varios usuarios expresaron indignación, señalando que “mientras los presos comunes mueren esperando atención, Toledo recibe trato VIP”.
El debate sobre la equidad en el acceso a la salud penitenciaria ha vuelto a instalarse en la agenda pública.
La clínica San Pablo y el hermetismo oficial
La clínica San Pablo, ubicada en Surco, ha sido el centro elegido para las evaluaciones médicas de Toledo. Fuentes cercanas confirmaron que el traslado se realizó con una fuerte escolta policial y que la atención médica estaba programada con anticipación.
Hasta el momento, ni el INPE ni el TC han revelado detalles sobre el diagnóstico ni sobre los motivos clínicos que justificaron la autorización. Esta falta de transparencia alimenta más preguntas sobre la verdadera condición de salud del exmandatario.
Un caso que marca precedente
El traslado de Toledo podría sentar un precedente para otros internos de alto perfil que soliciten permisos similares. Expertos en derecho penal advierten que, si bien la atención médica es un derecho constitucional, el acceso diferenciado puede erosionar la confianza ciudadana en la justicia y en la imparcialidad de las instituciones.
Además, este episodio ocurre en un contexto en que el sistema penitenciario enfrenta graves deficiencias estructurales: falta de personal médico, escasez de medicamentos y penales hacinados.
