Ante los recientes cuestionamientos surgidos en torno al uso de tarjetas electrónicas en el Despacho Presidencial, la institución precisó que estas se emplean exclusivamente para la adquisición de insumos alimenticios destinados a la Residencia. Según explicó en un comunicado oficial, esta modalidad se aplica desde el año 2016 bajo el marco legal de la Ley de Contrataciones del Estado.
El proceso fue realizado por la Dirección General de Administración en 2024 mediante una selección simplificada, contratando vales de consumo en tarjetas electrónicas. El uso de estas tarjetas está a cargo del personal administrativo encargado de la compra de alimentos y no está autorizado para ninguna otra función o beneficio personal. Se recalcó que ni la presidenta Dina Boluarte ni su familia hacen uso de dicho mecanismo.
El Despacho Presidencial subrayó que todos los gastos y adquisiciones se efectúan con la debida diligencia, y la documentación correspondiente puede ser revisada por la Contraloría General de la República. Además, señalaron que el uso de recursos públicos es fiscalizado de forma continua por una sociedad de auditoría externa designada por la Contraloría.
Finalmente, destacaron que en los años 2023 y 2024 no se han recibido observaciones en las auditorías anuales realizadas al presupuesto institucional. Con esto, la entidad busca disipar cualquier especulación respecto al presunto mal uso de fondos públicos a través de estas tarjetas electrónicas.