El juicio oral contra Susana Villarán continúa revelando detalles clave sobre las concesiones entregadas durante su gestión en la Municipalidad de Lima. El fiscal José Domingo Pérez aseguró que los contratos de peajes otorgados a Odebrecht y OAS se realizaron sin contar con la opinión técnica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), requisito indispensable por ley. Según dijo, la exalcaldesa excluyó de manera deliberada al MEF, vulnerando la normativa y favoreciendo a las constructoras.
Millonarios pagos por concesiones
La Fiscalía sostiene que Villarán recibió 11 millones de dólares en sobornos a través de sus operadores de confianza. En el caso de Odebrecht, el pago ilícito habría alcanzado 3 millones de dólares a cambio de la concesión de Rutas de Lima, firmada el 9 de enero de 2013, en pleno proceso de revocatoria. El dinero, según las pesquisas, fue canalizado mediante contratos ficticios y entregado finalmente a José Miguel Castro y a la propia Villarán.
Respecto a OAS, la acusación se centra en la adenda número uno del contrato Línea Amarilla, suscrita el 13 de febrero de 2013. Este documento transformó la concesión de autosostenible a cofinanciada, elevando la inversión de 480 a 561 millones de dólares. La Fiscalía denuncia que esta adenda se aprobó sin la opinión del MEF, lo que violó el Decreto Legislativo 1012 y permitió incrementos de tarifas de peaje en perjuicio de los ciudadanos.
Pruebas y testigos clave
Pérez aseguró que el caso cuenta con suficiente evidencia, incluyendo peritajes de la Contraloría, testimonios de colaboradores eficaces y la próxima declaración de Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht. “Tenemos suficientes pruebas y testigos para acreditar los delitos”, enfatizó el fiscal. La Procuraduría respaldó esta posición y reiteró que los contratos de concesión se firmaron sin la evaluación técnica del MEF.
Obstáculos y controversias
El proceso enfrenta complicaciones: el juicio contra el expresidente de OAS, Leo Pinheiro, fue suspendido, mientras que José Miguel Castro, exgerente municipal y pieza clave del caso, falleció en 2024. A pesar de ello, el Ministerio Público se mantiene confiado en lograr una condena contra la exburgomaestre.
Por su parte, la defensa de Pinheiro cuestionó la decisión de la Fiscalía de rechazar su solicitud de colaboración eficaz. Según su abogado, Fernando Silva, este aporte hubiera fortalecido la acusación, pero fue descartado bajo el argumento de que el acusado ejerció su derecho a defensa.
El caso Villarán, considerado uno de los procesos de corrupción más emblemáticos en Lima, pone en el centro del debate las irregularidades en las concesiones de infraestructura y el impacto de la corrupción en los ciudadanos que aún pagan las consecuencias en las tarifas de peaje.