De ocupar el sillón municipal a sentarse en el banquillo de los acusados. Ese es el nuevo escenario que enfrenta Susana Villarán, exalcaldesa de Lima, cuyo juicio oral inició hoy con un pedido de la Fiscalía de 29 años de prisión. El proceso gira en torno a los supuestos aportes que recibió de las constructoras Odebrecht y OAS para financiar la campaña contra la revocatoria en 2013.
La sala penal correspondiente convocó a 19 acusados y sus abogados, quienes deberán responder ante el tribunal por delitos vinculados a corrupción. De no asistir, el juzgado podría declararlos reos contumaces y ordenar su captura.
¿De qué se acusa a Susana Villarán?
La tesis del Ministerio Público es contundente: Villarán habría recibido financiamiento ilegal de las constructoras brasileñas a cambio de favorecer sus intereses en la gestión municipal. Según la acusación, los aportes no declarados habrían servido para sostener la campaña del “No” a la revocatoria en 2013 y posteriormente otras iniciativas políticas.
A la exburgomaestre se le atribuyen cinco presuntos delitos:
- Asociación ilícita para delinquir.
- Lavado de activos.
- Colusión.
- Falsas declaraciones en procedimiento administrativo.
- Falsedad genérica.
El caso forma parte del amplio entramado de investigaciones vinculadas al escándalo Lava Jato, que sacudió a varios países de la región y que en Perú involucra a expresidentes, exministros, empresarios y alcaldes.
La caída de una figura progresista
Villarán fue elegida alcaldesa de Lima en 2010 con una propuesta de corte progresista y con un discurso anticorrupción. Su victoria fue vista como un hito en la política peruana al derrotar a Lourdes Flores Nano y convertirse en la primera mujer elegida por voto popular para dirigir la capital.
Sin embargo, su gestión fue marcada por polémicas, especialmente por el intento de revocatoria que casi la aparta del cargo. Aunque logró mantenerse gracias a la campaña del “No”, hoy la justicia sostiene que ese proceso estuvo financiado con dinero ilícito.
La ironía es evidente: quien se presentó como un rostro nuevo frente a la corrupción política ahora enfrenta uno de los procesos más duros de la historia reciente de Lima.
¿Qué implica este juicio para el país?
El inicio del proceso judicial contra Susana Villarán no es un caso aislado. Se suma a la larga lista de políticos peruanos salpicados por Odebrecht y OAS, lo que confirma la magnitud de la corrupción enquistada en el sistema político nacional.
La pregunta que muchos analistas se hacen es clara:
¿Podrá este juicio marcar un precedente real en la lucha contra la corrupción, o será otro episodio de impunidad?
Más allá de lo que ocurra en el tribunal, la situación reaviva el debate sobre la necesidad de reformas estructurales que eviten que las campañas electorales se financien con dinero ilegal y comprometan gestiones futuras.
Posibles escenarios
Si la Fiscalía logra probar su acusación, Susana Villarán podría recibir una de las condenas más severas dictadas contra un exalcalde en la historia del país. El pedido de 29 años de cárcel refleja la gravedad de los delitos imputados, especialmente en un contexto donde la ciudadanía exige sanciones ejemplares.
En caso contrario, si la defensa logra demostrar inconsistencias en la acusación, el proceso podría convertirse en un símbolo de resistencia contra lo que Villarán ha calificado en el pasado como una persecución judicial.
Un proceso con repercusión política
El caso de Susana Villarán trasciende lo judicial. Tiene un impacto político porque golpea a un sector progresista que en su momento buscó diferenciarse de los partidos tradicionales. Para muchos de sus simpatizantes, la exalcaldesa representaba un aire nuevo frente a la política tradicional, pero ahora sus detractores la colocan como parte del mismo círculo de corrupción que ella misma criticaba.
La atención pública está puesta en este proceso no solo por el futuro judicial de Villarán, sino por lo que significa en términos de credibilidad política y confianza en las instituciones.