Entrevista: Enrique Chávez
Juan José Santiváñez asume el MINJUSDH en medio de controversia y con una agenda de alto voltaje: eventuales cambios en la relación del Perú con el Sistema Interamericano, reforma judicial y penitenciaria, mano dura contra la criminalidad, una sintonía política con la PCM de Eduardo Arana (con la primicia de su vínculo masónico) y defensa cerrada del gobierno de Dina Boluarte frente a lo que llama un “modus operandi” fiscal–mediático.
—¿Cómo recibe la controversia por su nombramiento, luego de la censura del Congreso?
“Los abucheos vienen de las sillas más baratas”. Llegué a trabajar: fortalecer el sistema penitenciario, afirmar la soberanía del Estado (nacional e internacional) y mejorar el sistema de justicia.
—Por otro lado, el alcalde de Lima y otros gremios han respaldado su designación. ¿Cómo lo toma?
Agradezco esos respaldos (alcaldes, mancomunidades, transportistas formales, bodegueros). Son actores con los que ya trabajamos duro en Interior y que reconocen resultados poco cubiertos por la prensa.
—Usted habla de soberanía “en todos los frentes”. ¿Está sobre la mesa el retiro del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos?
Emitiremos una opinión técnica. En principio: la soberanía implica no permitir injerencias que excedan los convenios suscritos. Recuerda que los procesos ante la Corte IDH son contra Estados, no contra personas, y la Corte se ha inmiscuido en atribuir responsabilidades individuales y en controles de ejecución que no están en el convenio. Estados como EE. UU. no están sometidos a esa Corte y nadie cuestiona su democracia. Todos los escenarios son factibles; el equipo ya discute esa posibilidad.
—¿No teme que un retiro nos coloque en el grupo de Venezuela o Trinidad y Tobago y deteriore la imagen del país?
No. El deber del Estado es defender su soberanía y contar con todas las herramientas para combatir el principal problema: la criminalidad.
El Perú propuso al constitucionalista Alberto Borea a la Corte IDH. ¿Acaso lo considera “caviar”?
No. Es un gran constitucionalista. Pero una sola voz no cambia la dinámica; estamos discutiendo temas mayores de diseño institucional.
—¿El retiro sería viable jurídicamente?
Sí. Insisto: todos los escenarios son posibles. Las voces son dispares, pero el sentido común del peruano exige soberanía.
—La última controversia no es criminalidad sino la ley de amnistía. Entra allí Accomarca, Cayara, “Comandante Camión”, Urresti… Perpetradores de crímenes de lesa humanidad. ¿No es indiscriminada?
La amnistía es una norma soberana: aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo. Tiene excepciones que deben analizarse. Las responsabilidades penales y sus excepciones las define el fuero interno; por eso debemos fortalecer el sistema de justicia para que resuelva en derecho y con debido proceso.
—Sobre la reforma judicial hay un borrador de la Comisión presidida por María del Carmen Alva, que aborda la provisionalidad, independencia, y el reemplazo de la Junta Nacional de Justicia… ¿Qué propone?
Acompañamos ese trabajo multipartidario. Entre nuestras propuestas están terminar beneficios penitenciarios para que las sentencias se cumplan, reducir la provisionalidad y que los provisionales no dependan de la jefatura (Fiscalía/PJ) sino de criterios objetivos (p. ej., lista de aprobados por la JNJ). Se necesita además presupuesto y continuidad de equipos. Nadie se reforma solo: se requiere mirada externa y técnica.
—Caso Martín Vizcarra: ¿ordenó la presidenta su traslado a Piedras Gordas?
Completamente falso. El INPE decide vía comité de calificación. Hubo discusión reglamentaria; recomendamos al INPE revisar su norma y se modificó: por el solo hecho de haber sido Presidente de la República, corresponde un penal que garantice integridad, esto es Barbadillo.
—¿Teme que Dina Boluarte termine en Barbadillo? ¿Cuál es su lectura jurídica del caso “Rolex” y otros?
No. Muchas investigaciones se arman con un modus operandi: reportaje dominical con filtraciones de carpetas, apertura fiscal el lunes por “noticia criminis”, medidas intrusivas y derivación a los mismos jueces. Periodistas, policías, fiscales y jueces repiten roles. Eso parece una organización criminal. Si la Comisión de Inteligencia concluye ello, deberá cursarse a la Procuraduría para denuncias.
—¿Le recomendaría a Boluarte que presente denuncias por organización criminal?
No podría, ella tiene sus propios abogados.
—Y con los fallecidos en las protestas: ¿dónde sitúa la responsabilidad?
Toda muerte duele. La protesta es un derecho, pero la violencia es delito. También hubo militares ahogados y un policía quemado vivo. Ningún congresista ni ONG habla de ellos. La responsabilidad penal es personalísima: sólo recae en quien comete el hecho; la responsabilidad mediata exige probar política de Estado, lo que no existió.
—Reforma penitenciaria: ¿qué hará en concreto?
Acción inmediata y de corto plazo: construir penales de Arequipa y San Martín; ampliar Ica y Ancón 3; reabrir El Frontón (7,000 plazas). Para acelerar: cambiar la norma constructiva y permitir bloques de concreto (como El Salvador, Costa Rica, China), con estudios de energía y desalinización, y recursos ya consignados. Meta al 28/7/2026: penales inaugurados y, según decida el Ejecutivo con el Congreso, soberanía plena frente a cualquier decisión externa.
—¿Impulsará pena de muerte para violación de menores con muerte?
Personalmente la apoyo; hoy existe para traición a la patria. Habría que fortalecer criminalística y ADN para certezas absolutas. Para cambios más amplios se requeriría la ruta de denuncia del sistema interamericano: tarda 4–5 años y podría ser reversible por otro gobierno, pero hay que dar el primer paso.
—¿Endurecerá el régimen intramuros?
Sí: eliminar beneficios, aumentar punición por celulares en celdas, revisar bloqueadores, operativos semanales con PNP en los 70 penales, sanciones como anulación de visitas y traslado a máxima seguridad.
—Sobre su relación con el premier Eduardo Arana, que no parece ser buena, ¿es cierto que ambos son masones?
“Soy un hombre libre y de buenas costumbres” (NOTA de EDICIÓN: Esa es la respuesta que dan los miembros de la masonería). Soy amigo del Premier; no hay “peleas por cuotas”. La masonería promueve principios y valores y prefiere el bien sin pregonarlo. (Ríe: “la leyenda dice que si uno lo revela, debe matar al que se lo contó”).
—¿Recomendó a Adriana Rodríguez para dirigir el IRTP? Fue su dircom en Interior.
No la recomendé; me enteré por El Peruano. Es una excelente profesional.
—¿Me va a decir que no la recomendó?
Lo juro.
¿Cree que se puede revertir la impopularidad de la presidenta?
Sobre encuestas: no nos guían; hay manipulación en ciertos medios. En territorio vemos cariño ciudadano cuando se entregan títulos, programas sociales, empleo.
—Boluarte se definía de izquierda. ¿Por qué su gobierno luce abrazado a la derecha? ¿Y qué es un “caviar” para usted?
Ser de izquierda no es ser caviar ni comunista. Admiro a Barrantes y Henry Pease. El gobierno ha mantenido sol fuerte, proyecta 3.5% de crecimiento 2025, más colegios e inversión. Caviar es el vago que se enriquece del Estado, con doble rasero. Ejemplos sobran, incluso contrataciones que critican a Interior y facturan al sector.
—Su cartera de clientes como abogado: lo acusan de reincorporar policías cuestionados.
Mito. No reincorporé a sancionados por faltas graves; patrociné casos de renovación de cuadros mal aplicada. El TC (exp. 09024) estableció que sin criterios objetivos es ilegal. Muchas reincorporaciones se confirmaron y habrá indemnizaciones por la mala aplicación (caso Basombrío). Sí hay corrupción en la PNP, pero no patrociné reincorporaciones de corruptos.
—El caso del “Culebra”: ¿por qué lo “traiciona”?
Probablemente por protagonismo y porque afecté intereses al auditar gastos de inteligencia. Llaman la atención patrimonios de algunos oficiales. Ya hubo anulaciones en la Corte Suprema por pruebas sembradas. Mis procesos nacen por ser ministro; antes no tenía ni papeletas.
—Agenda inmediata: ¿qué hará esta semana y el próximo mes?
Convocada la comisión para definir la reapertura de El Frontón; visita técnica previa. Y una reunión en Ginebra con la Corte Interamericana para llevar la posición del Estado en septiembre. Estimo viajar.
