La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó desestimar la Denuncia Constitucional 223, formulada contra la presidenta Dina Boluarte Zegarra, en su condición de ex titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
A la mandataria se le acusó por presunta infracción constitucional y por los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias.
Todo ello, por supuestamente haber ejercido la vicepresidencia de la República y el cargo de ministra, sin haber renunciado a sus funciones en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
La denuncia, de acuerdo con el informe, cumplió con los requisitos formales, pero no con los criterios de admisibilidad. Hecho el análisis, se determinó que la presidenta no incurrió en la infracción de ninguno de los artículos de la Constitución o del Código Penal, y por ello se declaró improcedente la denuncia.