Las fallas de sonido y pantallas durante la misa del papa León XIV en la base aérea Las Palmas motivaron cuestionamientos de parlamentarios contra el canciller Carlos Espá. Legisladores de distintas bancadas solicitaron que el ministro de Relaciones Exteriores explique ante el Congreso los inconvenientes registrados durante la ceremonia, que reunió a más de un millón de fieles.
El senador de Obras, Daniel Barragán, consideró que Espá debe responder políticamente por los problemas logísticos del evento. Aunque reconoció que el canciller no se encarga directamente de los aspectos técnicos, sostuvo que tiene responsabilidad sobre la gestión de su sector.
“No puede ser que en un evento de esa magnitud no se hayan tomado las previsiones necesarias para que estén bien el audio o para que estén bien las cámaras”, declaró a Canal N.
Barragán respaldó que el titular de Relaciones Exteriores sea citado al Parlamento y cuestionó la capacidad de su despacho para supervisar este tipo de servicios. “Si no puede ver estos temas menores o no puede designar a personas que hagan este mínimo de trabajo, que son, creo, logísticos menores, pues imagínense cómo se hará con los temas mayores”, manifestó.
Críticas contra la organización a cargo del ministro Carlos Espá
La diputada de Fuerza Popular Rosangella Barbarán también reclamó explicaciones por las deficiencias registradas durante la misa. Recordó que numerosos asistentes madrugaron para participar en la celebración, pero algunos terminaron retirándose ante los problemas de señal y tuvieron que intentar seguirla desde sus celulares.
“Sin duda tienen que haber explicaciones”, señaló. No obstante, evitó responsabilizar directamente al canciller y sostuvo que las investigaciones deberán determinar quiénes estuvieron detrás de los inconvenientes. También recordó que la Contraloría realizó un control concurrente de las contrataciones.
Por su parte, la diputada de Ahora Nación Indira Huilca planteó que Espá debe comparecer ante el Legislativo. Además, cuestionó que el ministro todavía no haya ofrecido un pronunciamiento directo para reconocer los problemas y asumir las responsabilidades correspondientes.
“Si fuera mi decisión única, yo creo que el señor Espá hace rato que amerita una interpelación, no por un asunto personal, sino por cómo se está gestionando la Cancillería en estos últimos meses”, afirmó.
A los cuestionamientos se sumó el senador de Juntos por el Perú Jaime Quito, quien exigió que el canciller transparente los criterios utilizados para destinar un presupuesto millonario a los servicios técnicos de la ceremonia.
Cancillería contrató servicios por más de S/11 millones
Según información difundida por los medios, Espá firmó la Resolución Ministerial N.° 617-2026-RE, del 7 de octubre, que autorizó la contratación directa de equipos de sonido, iluminación, pantallas LED y circuito cerrado de televisión por S/8.399.800. El servicio fue adjudicado a la empresa Pow Sang Sonido y Luces S.C.R.L.
A ese monto se sumó un contrato de S/2.652.889 con Facogem Industrial para el suministro de grupos electrógenos destinados a abastecer de energía los equipos. En conjunto, ambos servicios comprometieron S/11.052.689 del presupuesto público.
La adquisición de los equipos audiovisuales se realizó mediante contratación directa, bajo la causal de desabastecimiento. La Cancillería justificó esta modalidad por los plazos ajustados para instalar la infraestructura antes de la llegada del pontífice.
Tras los inconvenientes durante la celebración religiosa, el Ministerio a cargo de Carlos Espá emitió un comunicado en el que lamentó lo ocurrido y anunció “investigaciones técnicas para esclarecer las causas, establecer responsabilidades y determinar las penalidades previstas en los contratos”.
En contraste, el gerente general de Pow Sang, Marco Alonso Pow Sang Gómez, aseguró que su empresa cumplió con las condiciones solicitadas y atribuyó parte de las dificultades a la magnitud del evento.
La Cancillería deberá determinar si otorga la conformidad al servicio prestado por la compañía, requisito necesario para efectuar el pago de S/8,39 millones. El contrato contempla penalidades en caso de que se identifiquen fallas atribuibles al proveedor.