El clima político en el Perú volvió a encenderse tras la decisión de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de solicitar a la Sala Suprema Constitucional y Social la cancelación de la inscripción de Fuerza Popular (FP) por supuesta “conducta antidemocrática”. La reacción más dura vino de parte de Fernando Rospigliosi, vicepresidente del Congreso y vocero de la bancada fujimorista, quien no dudó en lanzar calificativos contra la titular del Ministerio Público, acusándola de promover una agenda “pro delincuencia y pro terrorista”.
El enfrentamiento ocurre en medio de una fuerte disputa entre el fujimorismo y el Ministerio Público, en un escenario donde la tensión institucional se suma a la polarización política del país. ¿Hasta dónde puede escalar este conflicto y qué consecuencias tendría para el futuro del sistema democrático peruano?
¿Por qué la Fiscalía busca cancelar a Fuerza Popular?
El pedido de Delia Espinoza se enmarca en un proceso iniciado en marzo de este año por la ciudadana Beatriz Cano Bernales, quien denunció la presunta “conducta antidemocrática” de Fuerza Popular. La fiscalía respalda esta solicitud señalando que el partido liderado por Keiko Fujimori habría incurrido en prácticas que vulneran los principios democráticos y los derechos fundamentales.
No es la primera vez que un tribunal enfrenta un pedido de esta naturaleza. La Corte Suprema ya anuló la inscripción de A.N.T.A.U.R.O, agrupación de Antauro Humala, bajo argumentos similares. Para Espinoza, los antecedentes penales e investigaciones en curso sobre dirigentes de FP justifican el pedido de exclusión definitiva del Registro de Organizaciones Políticas.
La respuesta de Rospigliosi y el fujimorismo
Fernando Rospigliosi, acompañado de otros congresistas de Fuerza Popular, salió al frente del Parlamento para rechazar la solicitud fiscal. Con tono iracundo, señaló que “la fiscal Espinoza ha demostrado una política pro delincuencia y pro terrorista”, acusándola de perseguir a militares y policías que combatieron al terrorismo en los años ochenta y de ensañarse con quienes enfrentaron la violencia social durante las crisis políticas de 2022 y 2023.
Según el vicepresidente del Congreso, el ataque a FP responde al papel que su bancada cumple como “defensora más firme de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional”. Fue más allá al cuestionar la idoneidad de Espinoza para el cargo: “Esta señora está desquiciada y debe ser apartada de un puesto tan importante”, sentenció.
Impacto político y dudas sobre la democracia
La solicitud de la Fiscalía contra Fuerza Popular no solo genera un choque directo con el Congreso, sino que también abre un debate más amplio: ¿qué significa realmente tener una “conducta antidemocrática”? Los críticos sostienen que el pedido podría abrir la puerta a interpretaciones discrecionales que amenacen la pluralidad política.
Al interior del Parlamento, la posición de FP se alinea con la defensa de su legitimidad, mientras que otras bancadas observan con cautela el proceso. El tema se discute en paralelo a un contexto de crisis de confianza ciudadana en las instituciones y de reiterados enfrentamientos entre el Ejecutivo, el Congreso y el Ministerio Público.
¿Qué viene ahora para Fuerza Popular?
El expediente presentado por Delia Espinoza deberá ser evaluado por la Sala Suprema Constitucional y Social, que tendrá la responsabilidad de determinar si existen fundamentos suficientes para proceder con la cancelación de Fuerza Popular. De prosperar, el fallo representaría un golpe histórico para el fujimorismo, el partido con mayor presencia en el Congreso en los últimos 25 años.
Mientras tanto, la bancada naranja se prepara para librar esta batalla tanto en los estrados judiciales como en el terreno político. La ofensiva discursiva de Rospigliosi y sus colegas apunta a instalar la idea de persecución y victimización, un recurso recurrente en el discurso fujimorista frente a los embates fiscales.