El Gobierno ha dado un paso decisivo en la protección ciudadana al aprobar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028. Este ambicioso instrumento estratégico busca fortalecer la seguridad de la población y garantizar sus derechos fundamentales en todo el territorio nacional.
La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N° 001-2026-IN, establece una hoja de ruta clara para los próximos años. Se integra como un pilar fundamental dentro del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), articulando esfuerzos estatales para enfrentar las amenazas contra la seguridad.
Con este plan, el Estado reafirma su compromiso de salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad personal de todos los ciudadanos. La iniciativa promete una gestión coordinada y efectiva para la prevención y el control del delito a nivel nacional.
Marco estratégico y alcance nacional
El nuevo plan no solo define objetivos estratégicos claros, sino que también detalla los ejes de intervención principales. Además, establece fases operativas específicas, asigna responsabilidades institucionales y crea mecanismos de coordinación intersectorial para una acción conjunta.
Su aplicación es de carácter obligatorio para los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local. Asimismo, todas las entidades que forman parte del SINASEC deben adherirse a sus directrices, junto con aquellas instituciones públicas que intervienen directa o complementariamente en la prevención y control de la criminalidad.
Este enfoque integral asegura que la actuación del Estado sea coherente y unificada. El plan busca una respuesta robusta y coordinada frente a las diversas formas de delincuencia que afectan al país, garantizando la protección de los ciudadanos.
Implementación y seguimiento del plan
El Ministerio del Interior, a través de su Dirección General de Seguridad Ciudadana, jugará un rol central en la puesta en marcha de esta normativa. Dispone de un plazo máximo de diez días hábiles, contados desde la publicación del decreto, para implementar los mecanismos de seguimiento y evaluación del plan.
Estos mecanismos, que serán aprobados mediante una resolución ministerial, son cruciales para asegurar la efectividad y el cumplimiento de los objetivos planteados. Permitirán monitorear el progreso, identificar desafíos y realizar los ajustes necesarios para optimizar la estrategia.
La celeridad en la implementación de estos sistemas de control demuestra la urgencia y la importancia que el Gobierno otorga a la seguridad ciudadana. Se busca una gestión transparente y basada en resultados para beneficio de la población.
Fundamentos legales y rectoría
La base legal de este plan se asienta firmemente en la Constitución Política del Perú, que consagra la protección de la población y la garantía de los derechos humanos como pilares fundamentales del Estado. Además, se sustenta en la Ley N° 27933, la cual regula el SINASEC y establece el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC).
Esta normativa refuerza la rectoría del Ministerio del Interior en materia de seguridad ciudadana. Consolida su papel como coordinador principal de políticas, programas y proyectos a nivel nacional, asegurando una dirección unificada y estratégica.
El plan se alinea con los instrumentos de gestión del Sistema Nacional de Planificación (SINAPLAN), respetando siempre las particularidades culturales y lingüísticas de la población. Esto garantiza que las estrategias sean pertinentes y efectivas en cada contexto regional y local del país.