Han pasado más de dos años y la ley que promueve la masificación del gas natural no puede entrar en vigencia por sospechosos entrampamientos. Desde el 14 de noviembre de este año, el Ejecutivo tiene en sus manos la autógrafa de ley, pero aún no toma la decisión de promulgarla u observarla.
La historia comienza cuando el 22 de octubre del 2021, el gobierno del expresidente, Pedro Castillo, presenta el proyecto de ley para la creación de una Autoridad Nacional de Masificación del Gas, mismo que se aprueba el 14 de julio del 2022 tras pasar por las comisiones de Energía y Minas y Descentralización. Pero el texto no pasó y fue observado por el gobierno el 15 de agosto de ese año.
Principalmente, el Gobierno cuestionó que el Congreso haya dejado fuera de la ley de masificación del gas a las empresas que tienen contratos vigentes con el Estado, argumentando que la medida impediría la ejecución de proyectos en Áncash, Piura, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima, Callao e Ica. Pero este no fue el único cambio que hizo que el proyecto regrese al debate parlamentario.
La administración de Castillo, no vio con buenos ojos que el dictamen aprobado señalara como únicos beneficiarios del subsidio que se iba a hacer a través del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) o del Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos (SISE), a los hogares y a las Micro y Pequeñas Empresas (MYPEs), basando su postura en la “escasa” demanda de gas natural en las distintas regiones del país. Para el gobierno, había que subsidiar a todos, porque así se promovería la inversión en infraestructura para la distribución de este recurso.
Casi un año después, el 23 de junio, el Congreso aprueba con 91 votos, un nuevo texto sustitutorio en el que se establece que se subsidiará a los usuarios que no superen los 50,000 metros cúbicos de consumo de gas por mes.
La nueva autógrafa tardó cuatro meses para ser remitida al gobierno de Dina Boluarte. ¿Cuál es la razón? Tal vez el cambio de la presidencia de la Comisión de Energía y Minas.
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El 17 de agosto del 2023, es decir, con el nuevo texto aprobado, asume la presidencia de dicho grupo de trabajo, el congresista Segundo Quiroz Barbosa (Bloque Magisterial), incluido en el caso “Los Niños” por la Fiscalía de la Nación en enero de este año. Bajo su dirección, se demoró la votación de la aclaración -es decir, la corrección de errores de forma- del dictamen cuyo fondo ya estaba aprobado.
Pero ese no es el único cuestionamiento. Imágenes difundidas por Sudaca, muestran como el congresista no solo llama “mi presidente” al titular de la empresa, sino cómo admite que ha venido conversando con él para que se pueda aplazar la aprobación de la aclaración del proyecto “para socializarlo y mejorarlo” e incluso, se ofrece a llevarlo a la sesión descentralizada de la comisión en La Libertad el 20 de octubre. En la agenda, no aparece que algún representante de Promigas haya participado de la sesión.
Voces del sector energía, por su parte, están preocupadas respecto a una posible observación del proyecto de parte del ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, lo que demoraría aún más la masificación del gas.