La presidenta Dina Boluarte promulgó la ley que restituye el financiamiento privado de personas jurídicas a los partidos políticos, modificando así la Ley 28094 de Organizaciones Políticas. La nueva normativa busca regular de manera más precisa las fuentes de financiamiento privado y público en las campañas electorales, a la vez que establece medidas para prevenir el uso de fondos ilegales.
Entre las disposiciones clave, se establece que tanto personas naturales como jurídicas podrán aportar a las organizaciones políticas, ya sea en efectivo o en especie, con un límite anual de 200 unidades impositivas tributarias (UIT) por aportante. Asimismo, se fija un techo máximo de 500 UIT para cualquier aportante, independientemente de la cantidad de partidos a los que contribuya.
Esta reforma tiene como objetivo crear un sistema de financiamiento más transparente, equilibrando los fondos públicos y privados, y asegurando que las contribuciones no superen los límites establecidos para evitar posibles conflictos de interés.