Tras la revelación del programa periodístico Panorama donde da a conocer que el actual presidente de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), José Aguilar Reátegui, afronta una denuncia por colusión agravada, por supuestamente favorecer a una empresa cuando se desempeñaba como secretario técnico del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL) durante el gobierno de Martín Vizcarra, presentó su renuncia al cargo.
Así lo confirmó el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, a su salida del Consejo de Ministros donde dijo que José Aguilar presentó su renuncia al cargo, tras conocerse que afronta una denuncia por colusión agravada por presuntamente favorecer a una empresa durante el gobierno de Martín Vizcarra.
«El día de ayer hubo un programa periodístico que hizo una serie de menciones al presidente actual de la ATU. El día de hoy está presentado su renuncia y creemos que es mejor que este proceso de investigación se dé no estando dentro de la institución, para que él pueda hacer los descargos que correspondan», declaró.
Según el Ministerio Público, Aguilar Reátegui fue colocado en el cargo el 26 de mayo del 2018, precisamente en la etapa final del concurso público para la adjudicación del proyecto de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. Con su llegada, la empresa Gilat habría sido la ganadora.
“Haber aceptado el cargo de Secretario Técnico del FITEL de manera direccionada, con el único objetivo de encargarse de la etapa final y conseguir que Gilat pueda hacerse con los proyectos que fueron despojados ilícitamente al consorcio GMC Conecta”, dice la Fiscalía.
Por otro lado, fuentes cercanas a la empresa indicaron que “la investigación fiscal contra Aguilar Reátegui tiene como origen la denuncia presentada por una persona natural, que ocupaba el cargo de Gerente General de una de las empresas que conformaban el Consorcio GMC CONECTA, empresa que fuera descalificada en la licitación por incumplimiento de las bases del concurso».
GMC CONECTA fue descalificado, añadieron las fuentes, “por no presentar oportunamente (a pesar de que, dispuso de cinco meses) la documentación necesaria para suscribir el contrato. Documentos elementales como la constitución del consorcio como empresa, carta fianza, declaración jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, copia de la resolución ministerial de la concesión única para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, entre otros”.
El Consorcio, agregaron, “en vez de impugnar la adjudicación en el mismo acto en que se produjo la descalificación de acuerdo a los términos de las bases del concurso, prefirió denunciar a funcionarios públicos y competidores comerciales”.
Mientras la investigación fiscal avanza, el consorcio ya ha experimentado un revés legal: La Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia de vista del 20 de julio del 2023 (Exp. 08384-2018-0-1801-JR-CI-02), desestimó el amparo que presentaron contra el otorgamiento de la buena pro, confirmando la validez del procedimiento seguido por Proinversión.
