El Poder Judicial confirmó la ampliación por 12 meses de la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, quien continuará recluido al menos hasta el 8 de marzo de 2027 mientras avanza la investigación que lo señala como presunto líder de una organización criminal. La decisión fue adoptada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que declaró infundada la apelación presentada por su defensa.
Con este fallo, el tribunal respaldó la resolución emitida en febrero pasado por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, al considerar que aún existen diligencias pendientes y riesgos procesales que justifican mantener la medida coercitiva.
La investigación comprende presuntos hechos de corrupción relacionados con Petroperú, Provías Descentralizado y el Ministerio de Vivienda, además de involucrar a más de 90 personas.
PJ ratifica prisión preventiva para Castillo
La Sala Penal Permanente sostuvo que la investigación aún requiere un plazo adicional debido a la cantidad de actuaciones fiscales pendientes. Entre ellas figuran pericias técnicas, análisis documentarios y la evaluación de información que los especialistas continúan recopilando para esclarecer la presunta estructura criminal que habría operado durante el gobierno de Pedro Castillo.
Los magistrados también coincidieron con el juzgado de primera instancia en que persiste el peligro de fuga. La resolución precisa que el exmandatario no cuenta con un arraigo familiar, laboral ni domiciliario suficiente, debido a que su familia permanece en México desde diciembre de 2022 tras recibir asilo político luego de la crisis institucional que siguió al fallido golpe de Estado.
Además, la Corte valoró que existe un escenario internacional que podría favorecer una eventual evasión de la justicia. Como parte de ese análisis, mencionó el caso de la expremier Betssy Chávez, quien obtuvo asilo diplomático en la Embajada de México, elemento que fue considerado al evaluar los riesgos procesales.
¿Por qué se investiga a Pedro Castillo?
En el expediente relacionado con Petroperú, la Fiscalía sostiene que Castillo habría promovido la designación de Hugo Chávez Arévalo al frente del directorio de la empresa estatal para ejercer control sobre procesos de contratación. Según la hipótesis fiscal, esa presunta intervención permitió direccionar la compra de Biodiésel B100 a favor de la empresa Heaven Petroleum Operators S.A., luego de reuniones realizadas en Palacio de Gobierno.
Respecto al caso Provías Descentralizado, el Ministerio Público investiga el presunto direccionamiento de la licitación del Puente Tarata III. La tesis fiscal señala que la organización habría pactado obtener un beneficio equivalente al 0,5 % del monto adjudicado de la obra, con la supuesta participación de los sobrinos del entonces presidente y del exministro de Transportes, Juan Silva.
La investigación también alcanza al Ministerio de Vivienda, donde la Fiscalía indaga el presunto direccionamiento de proyectos de saneamiento financiados mediante el Decreto de Urgencia N.° 102-2021. Según el expediente, esos recursos habrían beneficiado a municipalidades como Anguía y Chachapoyas mediante trámites que involucraron a personas cercanas al entorno familiar del exmandatario.
Fiscalía deberá concluir diligencias
La Corte Suprema destacó que el proceso posee una dimensión excepcional por la cantidad de personas investigadas y por la presunta estructura de la organización criminal. La resolución señala que el caso involucra a exministros, exfuncionarios, empresarios y otros investigados, por lo que la recopilación y análisis de las pruebas demanda un trabajo especializado.
Entre los principales investigados figuran el exministro de Transportes Juan Silva y el exministro de Vivienda Geiner Alvarado, además de otros exfuncionarios que habrían intervenido en los presuntos actos ilícitos. El tribunal consideró que esta amplitud confirma la complejidad de la investigación y justifica la ampliación de la medida cautelar.
En ese sentido, los jueces exhortaron al Ministerio Público a desarrollar las diligencias con mayor celeridad, al recordar que el nuevo plazo concedido deberá permitir la culminación de la investigación preparatoria.
La resolución advierte que, una vez vencido este periodo, no corresponderá una nueva ampliación de la prisión preventiva por este caso.