Comisión de alto nivel para la reforma judicial
La Sala Plena de la Corte Suprema, presidida por la magistrada Janet Tello Gilardi, dispuso la creación de una comisión de alto nivel que analizará, evaluará e impulsará una reforma integral del sistema de justicia.
Este grupo fue constituido ante la necesidad de proponer cambios estructurales que respondan a los desafíos actuales del servicio de justicia, los usuarios y la sociedad en general, en el marco de los Artículos 138 y 139 de la Constitución, que establecen la independencia y exclusividad del Poder Judicial en su función jurisdiccional.
Integrantes de la comisión
La comisión estará presidida por Janet Tello Gilardi e integrada por los jueces supremos: Carlos Giovani Arias Lazarte, Aldo Martín Figueroa Navarro, Wílber Bustamante del Castillo y Ramiro Antonio Bustamante Zegarra.
Entre sus principales tareas figura la elaboración de una propuesta de modificación y actualización de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el apoyo técnico del Gabinete de Asesores de la Presidencia de la Corte Suprema.
Objetivos y alcance
El Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la Sala Plena es el órgano supremo de deliberación del Poder Judicial y decide sobre la marcha institucional de este poder del Estado.
La magistrada Tello Gilardi señaló que ninguna reforma constitucional o legal puede afectar la autonomía e independencia del Poder Judicial, ni debilitar la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de las personas. “El Poder Judicial es un poder del Estado, y su liderazgo será ejercido siempre en defensa de la Constitución, de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas”, afirmó.
Contexto de la disposición
La conformación de la comisión se da tras el debate y aprobación del Acuerdo N.° 4-2026 de la Primera Sesión Extraordinaria de la Sala Plena, cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Este grupo técnico será clave para impulsar una reforma estructural, asegurando que los cambios propuestos fortalezcan la eficiencia, transparencia y autonomía del sistema judicial peruano.