El Congreso de la República dará prioridad este jueves al dictamen que establece medidas extraordinarias para enfrentar la extorsión y el sicariato en el transporte público y de mercancías, tras el respaldo de las comisiones de Transportes y de Defensa Nacional. La iniciativa busca proteger a conductores, cobradores y empresarios de las amenazas que afectan la seguridad y continuidad de este sector clave para la economía y la movilidad en Lima y Callao.
Reunión con transportistas y respaldo al proyecto
El primer vicepresidente del Congreso y encargado de la presidencia, Fernando Rospigliosi, junto con la congresista Patricia Juárez (FP), se reunió con representantes del gremio de transporte urbano de Lima y Callao, quienes expresaron su respaldo a la propuesta legislativa. Durante el encuentro, los transportistas destacaron la urgencia de implementar acciones concretas para frenar la criminalidad que pone en riesgo tanto a las unidades como a los trabajadores.
“Hemos tenido una muy buena reunión con transportistas que representan a centenares de empresas formales en Lima y Callao. Ellos propusieron la conformación de un grupo especial conjunto de la Policía, la Fiscalía, entre otros, y ese proyecto ya fue aprobado en comisión”, afirmó Rospigliosi. La congresista Juárez añadió que el sector también necesita atención en infraestructura vial, estabilidad del transporte e incentivos para la renovación de vehículos.
Dictamen aprobado por unanimidad en comisión
En la sesión conjunta de las Comisiones de Transportes y de Defensa Nacional, se aprobó por unanimidad, con 20 votos a favor, el dictamen del Proyecto de Ley N.° 12723/2025-CR. La iniciativa propone la creación del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), bajo la coordinación del Ministerio del Interior, con participación de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
El proyecto contempla medidas integrales de prevención, respuesta y recuperación, incluyendo la verificación de flujos financieros sospechosos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú), certificación de rutas seguras, protección integral de víctimas, creación de fiscalías especializadas y un fondo de riesgo para unidades amenazadas.
Extinción de dominio y financiamiento estatal
La norma establece la extinción de dominio de bienes y cuentas utilizadas en actos de extorsión y sicariato, y autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a financiar su implementación. Los recursos recuperados se destinarán a reparar a las empresas afectadas y a fortalecer el sistema nacional contra la extorsión. “La iniciativa plantea un marco legal extraordinario para enfrentar la violencia organizada en el transporte, protegiendo a trabajadores y usuarios de amenazas, cobros ilegales y atentados”, señaló la congresista Karol Paredes (Avanza País) durante el debate.
Coordinación interinstitucional y seguimiento
El dictamen busca articular la labor de diferentes instituciones del Estado para prevenir, detectar y desmantelar redes criminales que operan bajo modalidades de cobro de cupos, control territorial y amenazas sistemáticas. Representantes de gremios como la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, el Consorcio Empresarial del Callao, la Cámara de Transporte Urbano y otras asociaciones locales, destacaron la importancia de fortalecer la formalización, la seguridad ciudadana y la coordinación interinstitucional.
Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, enfatizó la disposición del Parlamento: “Son buenos momentos, nuevos aires que se están viviendo, toda vez que estamos encontrando no solamente liderazgo, sino voluntad política hacia las cosas”.
El dictamen será debatido y priorizado en la próxima sesión plenaria del Congreso, con miras a contar con el respaldo unánime de los grupos parlamentarios, en un contexto donde la inseguridad en el transporte urbano se ha convertido en uno de los principales problemas que afectan la movilidad y la seguridad de millones de peruanos.
Impacto esperado en el sector transporte
Con la implementación del GIES y las medidas extraordinarias, se espera reducir la incidencia de delitos como la extorsión, el sicariato y el cobro de cupos ilegales, ofreciendo a los conductores y empresarios herramientas legales, protección integral y recursos para enfrentar amenazas. Además, la iniciativa busca garantizar un servicio seguro para los usuarios del transporte público y de mercancías, reforzando la confianza en un sector vital para la economía y la vida diaria de la ciudadanía.