El Poder Judicial solicitó la captura de Nicanor Boluarte a nivel nacional e internacional, luego de que se le impusieran 36 meses de prisión preventiva en el marco de la investigación fiscal que se le sigue por el caso “Los Waykis en la Sombra”.
Durante la tarde del martes 19 de noviembre, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó la medida de fuerza contra el hermano de la presidenta Dina Boluarte por considerar que no tenía arraigo laboral ni domiciliario y advertir que había riesgo de fuga debido al poder de facto que le concedía su parentesco con la máxima autoridad del país.
La última aparición pública de Nicanor Boluarte se dio en la primera audiencia de lectura del fallo que finalmente determinó que se le encierre preventivamente para garantizar el normal desarrollo de la investigación por organización criminal y tráfico de influencias.
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Al hermano presidencial se le atribuye el haber injerido en la designación de prefectos y subprefectos regionales, a quienes se habría exigido recolectar firmas para lograr la inscripción del partido Ciudadanos por el Perú, cuya misión era dar soporte al Gobierno.
La hipótesis fiscal también señala que Nicanor Boluarte habría intervenido en las designaciones en el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y Provías Descentralizado.