El Poder Judicial revisará este jueves 2 de octubre un recurso presentado por la defensa de Juan Francisco Silva Villegas, exministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Pedro Castillo, quien actualmente se encuentra prófugo y con orden de captura internacional. El exfuncionario pide que se le permita afrontar el proceso penal en libertad, pese a que la justicia peruana lo declaró “no habido” en 2023 por los graves casos de corrupción que se le atribuyen.
¿Qué solicita la defensa de Juan Silva?
El pedido, ingresado el 11 de septiembre, busca que se varíe la prisión preventiva de 36 meses dictada el 31 de marzo de 2023 por el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria. La medida, que motivó la emisión de órdenes de captura nacionales e internacionales, responde a la investigación por presuntos delitos de colusión y organización criminal en tres expedientes: el caso Petroperú, el caso Puente Tarata III y el caso Ministerio de Vivienda.
La defensa legal de Silva adjuntó “elementos de convicción” para sostener que su patrocinado no habría cometido los delitos imputados. El recurso plantea que se sustituya la prisión preventiva por comparecencia simple, lo que le permitiría enfrentar el proceso sin restricción de libertad.
¿Cuándo será la audiencia judicial?
El juez Checkley programó una audiencia virtual para el jueves 2 de octubre a las 2:30 de la tarde, donde participarán representantes del Ministerio Público y la defensa de Silva. La sesión permitirá evaluar los argumentos de ambas partes antes de que el magistrado emita una decisión en los próximos días.
Este procedimiento será clave para determinar si el exministro podrá obtener un beneficio procesal pese a su condición de prófugo, o si se mantendrá la orden de captura nacional e internacional que pesa en su contra.
¿Qué antecedentes pesan sobre Silva?
El exministro de Transportes es uno de los personajes más comprometidos en el entramado de corrupción atribuido al gobierno de Pedro Castillo. Según la tesis fiscal, Silva habría favorecido a empresas privadas en licitaciones millonarias a través de Provías Descentralizado, entre ellas el polémico contrato del Puente Tarata III, que se convirtió en símbolo de la presunta red criminal.
A estas imputaciones se suman las relacionadas con el caso Petroperú, en el que se investigan presuntas irregularidades en contrataciones de combustible, y el caso Ministerio de Vivienda, que involucra obras públicas adjudicadas mediante presunta concertación ilícita.
¿Cuál es la situación internacional del caso?
La Interpol mantiene vigente hasta el 10 de junio de 2027 una notificación roja de búsqueda y captura internacional contra Silva. Pese a ello, su paradero sigue siendo desconocido y el exministro continúa en calidad de “no habido”.
Este estatus plantea un escenario complejo: mientras su defensa busca un trato procesal más favorable en el Perú, las autoridades nacionales e internacionales continúan con las diligencias para ubicarlo y detenerlo.
¿Qué impacto tendría una variación de su prisión preventiva?
La eventual decisión del juez Checkley podría marcar un precedente en casos de altos funcionarios investigados por corrupción. De concederse la variación, Silva podría enfrentar el proceso en libertad aun sin haber respondido a la orden de captura que pesa sobre él.
La fiscalía, en cambio, sostiene que existen suficientes elementos para mantener la prisión preventiva, debido al alto riesgo de fuga y la gravedad de los cargos imputados.
En este contexto, la audiencia del 2 de octubre genera expectativa no solo por el desenlace judicial, sino también por el mensaje político que transmitirá el Poder Judicial frente a un caso que simboliza los excesos de corrupción en la administración pública.