El Poder Judicial (PJ) deberá convocar a un nuevo juez supremo que dirima en la decisión de imponer o no prisión preventiva contra la suspendida fiscal Elizabeth Peralta, investigada por tráfico de influencias y cohecho activo específico en el marco del “Caso Chibolín”.
Inicialmente, se había llamado al magistrado Saúl Peña Farfán para que se pronuncie sobre el caso, pues en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema hubo tres jueces que votaron por que a la cuestionada fiscal solo se le imponga el régimen de comparecencia con restricciones, mientras que dos magistradas consideraron que Peralta debía ser encarcelada preventivamente.
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El juez Saúl Peña se adhirió a la posición de las juezas y consideró que se debía dictar prisión preventiva para la fiscal Elizabeth Peralta ya que estima que esta medida puede evitar obstrucción en las pesquisas.
Es por ello que para desempatar, el PJ convocó a un nuevo magistrado supremo que definirá la situación de Elizabeth Peralta. La Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva en su contra por la presunta recepción de un soborno para ordenar la devolución de oro ilegal a Lomas Doradas, la empresa de Javier Miu Lei.