El Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios (SINTPE-INPE) formalizó una denuncia penal contra el presidente interino de la República, José Jerí, tras una cuestionada intervención inopinada en el establecimiento penitenciario Ancón I. El gremio sostiene que el mandatario y su comitiva vulneraron gravemente la normativa de seguridad penitenciaria durante la madrugada del pasado viernes 23 de enero.
Según los denunciantes, una delegación de aproximadamente 50 personas, compuesta por asesores y personal de prensa, ingresó al recinto sin someterse a la revisión biométrica obligatoria. El técnico Julio Lurita Tarazona denunció que los acompañantes portaban equipos de comunicación y armamento, acto que constituye un delito según la Ley 29867, la cual sanciona el ingreso de celulares con penas de hasta ocho años de cárcel para funcionarios.
Delitos y caos operativo
La denuncia, que ya se encuentra en manos del Ministerio Público, contempla los presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales, ingreso indebido de equipos de comunicación y peligro común. Julio Burga, secretario general del sindicato, advirtió que la presencia de armas y la falta de protocolos generaron un estado de tensión que estuvo a punto de provocar un amotinamiento en los pabellones.
El operativo ha sido catalogado por el personal penitenciario como un “fracaso técnico”. Según trascendió, el presidente buscaba exhibir ante las cámaras a un peligroso extorsionador; sin embargo, el interno ya había sido trasladado previamente al penal de Challapalca. Por este motivo, la denuncia también alcanza al comandante general de la PNP, Óscar Arriola, y al general Víctor Revoredo, por presuntamente inducir al error al jefe de Estado.
Trasfondo político y reformas
Para el SINTPE-INPE, estas intervenciones mediáticas forman parte de una estrategia para desprestigiar a los funcionarios de carrera y justificar la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR). Los trabajadores califican esta intención como un “negociazo político” que busca reemplazar la estructura del INPE por personal de confianza del Gobierno bajo una nueva administración.
“Deje su circo, señor Jerí. Respete al INPE para que lo respeten”, sentenció el técnico Lurita, quien además cuestionó el elevado gasto público que representa la movilización de tropas y tanquetas para operativos que, según su versión, no tienen resultados reales en la lucha contra la inseguridad.